Con un 310 % de ocupación y falta de atención médica, la Procuraduría urgió a autoridades locales y nacionales a trasladar internos, reparar celdas y garantizar salud y alimentación.

La Procuraduría General de la Nación emitió el 21 de julio de 2025 una serie de requerimientos urgentes tras una inspección a la Estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Permanente Central de Ibagué. El órgano de control constató un hacinamiento del 310 %, demoras prolongadas en la distribución de alimentos a personas privadas de la libertad (PPL) y deficiencias en la atención médica, lo que pone en riesgo la vida y la dignidad de los recluidos.

Como paso inmediato, la Procuraduría instó a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la USPEC y demás entidades competentes a reactivar los traslados de PPL hacia el complejo carcelario de Picaleña, con el fin de despresurizar la URI. Asimismo, pidió asignar personal médico permanente, asegurar traslados oportunos a hospitales y gestionar citas, tratamientos y suministro de medicamentos.

En materia de infraestructura, se urgió la reparación de celdas en mal estado, la mejora de las baterías sanitarias y la restauración del techo en la sala de audiencias. La Procuraduría también reclamó la habilitación de espacios para visitas familiares —presenciales o virtuales— que permitan la debida comunicación entre internos y sus seres queridos.

La Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que el incumplimiento de estos requerimientos y de las decisiones judiciales pendientes constituirá falta disciplinaria. Por ello, exigió acciones inmediatas para garantizar los derechos fundamentales de las personas detenidas, incluyendo su salud, integridad y dignidad, y prevenir posibles vulneraciones que podrían derivar en sanciones para los responsables.