Mientras uribistas claman persecución judicial y apelarán el fallo, el Pacto Histórico y otros frentes celebran la independencia del poder judicial y el protagonismo de la jueza en el veredicto contra el expresidente.

El reciente fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez desató un torrente de reacciones en el escenario político colombiano. En el bando oficialista y del Pacto Histórico, la sentencia se celebró como una muestra de independencia judicial y un reconocimiento al rol de las mujeres en los despachos de justicia. En contraste, dirigentes del uribismo alzaron su voz para denunciar una supuesta “persecución” y adelantar el camino de recursos ante instancias superiores.

La senadora María José Pizarro destacó el hecho de que “la justicia no tiene género”, al enaltecer el trabajo de las juezas, encabezadas por Sandra Heredia, y resaltó el compromiso del senador Iván Cepeda: “Nuestra condición de víctimas ha sido honrada por la justicia colombiana, en la cual hemos creído durante más de una década”. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro subrayó la necesidad de “proteger a la jueza y a su familia” para garantizar la autonomía de los magistrados.

Al otro lado del tablero, la senadora María Fernanda Cabal fue implacable: “No fue un fallo contra el expresidente Uribe, fue un monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia”. Paloma Valencia, a su turno, acusó a la decisión de obedecer “intereses políticos” y anunció que el uribismo se mantendrá firme y recurrirá a la apelación y la casación.

Hasta la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, expresó su desconcierto: “Con asombro y tristeza, el pueblo colombiano recibe este fallo adverso contra el expresidente Álvaro Uribe. Siempre he sido respetuosa de la justicia y espero que se logre demostrar su plena inocencia”.

El clima de polarización se agrava a medida que la defensa de Uribe anuncia recursos. Los actores políticos coinciden en una certeza amarga, pues la sentencia no sólo marca un antes y un después en la carrera pública del exmandatario, sino que refleja la hondura de la grieta que divide al país desde hace años.

El fallo coloca en el centro de la escena la tensión entre el derecho de los Colombianos a una justicia autónoma y la percepción de parte de la opinión pública de que los procesos legales pueden devenir en armas políticas. El papel que juegan los protagonistas—jueza, víctimas, políticos y electores— se traduce en que más allá de la sentencia, la confianza en las instituciones seguirá siendo el verdadero problema para la democracia colombiana.