El gobierno presenta la Ley de Financiamiento por $26 billones —con aumentos al IVA de bebidas, gasolina gravada, más impuesto a la renta y al patrimonio— y enfrenta críticas por ausencia de recortes en el gasto público.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó al Congreso una reforma tributaria —la llamada Ley de Financiamiento— que buscaría recaudar 26 billones de pesos en su primer año y está ligada al Presupuesto General de 2026, por 556 billones. El Ejecutivo sostiene que, si el Congreso no aprueba la norma, el hueco fiscal sería difícil de cerrar. “No hemos evaluado un plan B”, admitió el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La propuesta grava con fuerza el consumo: sube al 30% el impuesto en bebidas alcohólicas y cigarrillos (con numerales estimados para aguardiente y ron, whisky, vinos y tabaco), y por primera vez la gasolina pagaría IVA, con una expectativa de recaudo de 1,5 billones. También se incluyen servicios digitales (almacenamiento en la nube, apuestas en línea) y compras internacionales pequeñas (compras menores a 200 dólares pagarían 10%). El turismo pierde la exención de IVA para extranjeros y eventos con boletas altas quedarían más gravados. Ávila afirma que “El efecto sobre la inflación será marginal, no sustancial”, aunque expertos y sectores advierten sobre el riesgo de encarecimiento en la canasta por el impacto en transporte y logística.

En renta y patrimonio hay cambios sustanciales: la tarifa máxima de renta para personas subiría hasta el 39%, se elimina la deducción por dependientes que beneficiaba a la clase media, los dividendos pierden descuentos y las instituciones financieras verían una sobretasa que puede elevar su carga efectiva. El impuesto al patrimonio baja el umbral de exención (de 3.600 a 2.000 millones) y suben las tarifas, con un ingreso esperado de 1,8 billones.

En el frente ambiental y energético, sube el impuesto al carbono y se reduce el incentivo por compra de bonos de carbono; además se crea un gravamen del 1% sobre la primera venta o exportación de petróleo y carbón, con impacto en Ecopetrol y regalías regionales.

Una medida polémica es la amnistía tributaria o normalización tributaria, diseñada para recaudar cerca de 6 billones, que críticos describen como un incentivo a la morosidad fiscal: “Aumenta el recaudo hoy a cambio de volverlo peor mañana porque acostumbra a los contribuyentes a que el Gobierno les perdona las deudas”, advierte Mauricio Salazar.

El Ejecutivo asegura que la reforma busca progresividad y mayores recursos, pero enfrenta dudas en el Congreso y en sectores económicos. El exministro José Antonio Ocampo resumió la crítica política clave: “En relación con la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional, quiero reiterar lo que he dicho en varias declaraciones hoy: el Congreso no debe tramitarla sin una propuesta concreta del gobierno de recorte de gastos de funcionamiento, que es la fuente principal del alto déficit fiscal y del aumento desmesurado de la deuda pública”, explicó.

La propuesta toca bienes y servicios cotidianos —desde la cerveza y la gasolina hasta plataformas digitales y conciertos— y, aunque el Ejecutivo blindó la canasta básica, la reforma promete generar debate intenso sobre su alcance, impacto social y su viabilidad política en el Capitolio.