La Fiscalía acusa a Gentil Gómez y a dos exfuncionarias de usar procedimientos de mínima cuantía pese a que el monto exigía licitación pública; ninguno aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el exalcalde de Melgar, Gentil Gómez Oliveros, y dos exfuncionarias de su administración (la entonces secretaria de Educación, Andrea Liliana Rojas Prada, y la asesora jurídica de contratación, María Margarita Rueda Abrahán) por “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, en hechos que datan de 2012. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.
Según la investigación, en 2012 se suscribieron siete contratos para el transporte escolar —seis por contratación directa y uno por selección abreviada, todos bajo la figura de mínima cuantía— por un total de $367.280.000, destinados a 4.813 estudiantes rurales. La Fiscalía sostiene que ese monto superaba el tope legal (280 salarios mínimos vigentes entonces) que obligaba a hacer licitación pública, por lo que los contratos habrían sido celebrados con procedimientos irregulares.
El material probatorio apunta a que el entonces alcalde ordenó la apertura y liquidación de esos contratos entre el 20 de enero y el 19 de julio de 2012; la secretaria de Educación habría elaborado y sustentado los estudios previos y la asesora jurídica los habría revisado y avalado en cada etapa, permitiendo así la firma final. Es decir, la Fiscalía imputa que hubo una cadena de decisiones administrativas que elude las normativa de transparencia y contratación pública.
Todo esto estalla a pocas semanas de las elecciones atípicas para la alcaldía de Melgar, en las que Gentil se presentaba como candidato — ¿cómo pedirles a los electores que confíen en quien, según la Fiscalía, habría utilizado artimañas administrativos para adjudicar contratos por cientos de millones? Si las imputaciones se confirman, la maniobra no vendria a ser tan solo una burla a la legalidad, es el desprecio categorico por los recursos destinados a garantizar el transporte escolar de miles de niños.
El proceso avanza para determinar responsabilidades penales; por ahora la imputación queda en el expediente y corresponderá a la Fiscalía probarla en juicio. Los medios locales han recogido la noticia y la Fiscalía sigue recabando pruebas para sostener la acusación.
