El ente acusador formalizó cargos contra el alcalde José Dayler Lasso y el secretario de Planeación por presuntos delitos relacionados con un contrato de mínima cuantía que supera los límites permitidos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio, Tolima, José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por presuntos delitos cometidos en la contratación para la compra de repuestos de maquinaria pesada por un valor superior a $33 millones de pesos.

Según la investigación, los hechos se remontan a marzo de 2024 y habrían incluido la presentación de cotizaciones con valores alterados. Una de las cotizaciones, presuntamente elaborada por el secretario de Planeación y entregada a los contratistas, mostraba montos por encima de otras propuestas que sí se ajustaban a precios de mercado. Además, la Fiscalía apunta a irregularidades en firmas y en la documentación aportada por los proponentes.

La contratación fue adjudicada a un consorcio conformado por Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, pese a que la normativa de mínima cuantía permitía contratar hasta $29.978.789. Por esa razón la Fiscalía investiga si se habría favorecido indebidamente al consorcio y si hubo apropiación de recursos.

En el marco del proceso, la Fiscalía también judicializó a Durán Briñez y a Zambrano Hernández como intervinientes, señalándolos de presunta participación en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El ente acusador asegura que uno de los proponentes no habría presentado la cotización que supuestamente lleva su firma y que, además, esa firma no correspondería al representante real.

Por ahora, la Fiscalía adelanta la etapa de judicialización para que la justicia determine responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes. Frente a estos hechos, las autoridades locales deberán responder ante la justicia mientras avanza la investigación.