La Comisión Accidental Arrocera, liderada por el senador Carlos Julio González, citó a las partes el 18 de febrero para revisar cumplimiento de compromisos, evaluar el impacto de las medidas adoptadas y buscar acuerdos que eviten un nuevo paro nacional del sector.

Ante la creciente tensión en el sector arrocero y el riesgo de una nueva protesta nacional, el Senado activó una mesa de seguimiento y mediación: la Comisión Accidental Arrocera convocó a representantes del Gobierno, gremios y productores a una reunión clave el próximo 18 de febrero.

El senador Carlos Julio González Villa, coordinador de la Comisión, explicó que la instancia —conformada por ocho senadores— surgió para dar seguimiento a las mesas de negociación de 2024 y 2025, verificar los compromisos que permitieron levantar el paro y abrir un canal directo con las regiones. En la reunión se evaluarán asuntos sensibles como precios, pagos a productores, defensa comercial, financiamiento, control al contrabando y ordenamiento productivo.

González fue claro sobre el diagnóstico: la crisis es estructural. Según sus cifras, “los inventarios están 92 % por encima del año anterior; los precios han caído 28,5 % desde junio de 2024; y, según Fedearroz, hay cerca de 100 mil hectáreas en riesgo de no cultivarse.”

El senador advirtió sobre la situación de liquidez de los agricultores: “Lo más grave es la incertidumbre que enfrentan los productores: no existe un acuerdo de precios acorde con sus necesidades, la industria compra principalmente para cubrir deudas previas y los productores están atrapados en una espiral de endeudamiento que amenaza su sostenibilidad”.

Entre las entidades citadas figuran los ministerios de Agricultura y de Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dian y la Policía. También fueron convocados representantes de los gremios arroceros, los productores y los molineros para garantizar una visión integral del problema. En mesas previas, según González, se han tratado medidas inmediatas con la ministra Carvajalino que deberán materializarse en los próximos días.

Sobre medidas concretas, el senador respaldó el aumento de aranceles a las importaciones y la restricción de ingreso terrestre como herramientas necesarias contra el contrabando: “La restricción del ingreso terrestre también es positiva. Está confirmado el contrabando hasta Barranquilla. Por eso, la presencia de la Policía en nuestras audiencias”. Pero advirtió que estas acciones no bastan sin políticas estructurales: “Se debe seguir actuando con decisión porque el país podría enfrentar la quiebra de miles de productores”.

En ese sentido propuso acompañar las medidas con ayudas económicas que cierren la brecha entre el precio de compra de la industria y los costos de producción, un precio piso obligatorio para el arroz blanco y un plan serio de condonación de deudas —no simples refinanciaciones— con participación del Banco Agrario.

La cita del 18 de febrero intentará pasar de anuncios a compromisos concretos y calendarios de cumplimiento. Si no hay respuestas claras y medidas que atiendan la urgencia económica de los productores, advierten los voceros de la Comisión, el sector corre el riesgo real de volver a paralizarse y generar un choque social en las zonas rurales más afectadas.