El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo para 2026 en $1.750.905. La Sección Segunda ordenó además que, dentro de ocho días calendario desde la notificación, se publique un nuevo decreto que determine el porcentaje de aumento y que regirá hasta que haya una decisión de fondo en el proceso.
El tribunal exige que el nuevo acto administrativo aplique integralmente los criterios legales y constitucionales: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional; la protección especial al trabajo; la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.
Además, el nuevo decreto debe incluir una fundamentación económica detallada y verificable: explicar qué valoración se aplicó a cada criterio, cómo se cuantificaron y ponderaron, el razonamiento que conduce a la cifra final y las fuentes o certificaciones oficiales que respalden esas cifras.
