El incremento en los costos del gas y sus posibles consecuencias para la economía familiar motivaron un pronunciamiento del concejal de Ibagué, Julián Serna. El cabildante se refirió al debate de control político impulsado por varios senadores, incluido el tolimense Miguel Barreto, quienes buscan respuestas del Gobierno Nacional frente a la situación energética del país.

Serna expresó su preocupación por la compra de gas importado a precios elevados y señaló que estos costos terminan afectando a los consumidores, especialmente a las familias de estratos 1, 2 y 3, así como al sector empresarial. Según explicó, el encarecimiento de este servicio también puede repercutir en el valor de los alimentos y otros productos.

Uno de los puntos señalados por el concejal es el costo de las facturas que deben asumir los hogares con menores ingresos. De acuerdo con sus declaraciones, algunos usuarios de estratos 1 y 2 están recibiendo recibos de gas cercanos a los $150.000, una suma que representa una carga para sus finanzas familiares.

Ante este panorama, Serna destacó la importancia de que el debate de control político se traduzca en acciones concretas. Durante esta discusión, los senadores solicitaron explicaciones a distintos ministros y reclamaron la formulación de un plan para reducir los efectos del encarecimiento de la energía.

El concejal también planteó la necesidad de evaluar alternativas que permitan aprovechar los recursos gasíferos disponibles en Colombia y disminuir la dependencia de las importaciones a precios elevados. Asimismo, consideró necesario examinar otras opciones energéticas para atender las dificultades de abastecimiento y costos, con el propósito de evitar que el aumento de los servicios públicos afecte aún más a las familias y empresas.

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El concejal de Ibagué, Arturo Castillo, manifestó su preocupación por las situaciones de inseguridad que, según denunció, se presentan en los alrededores de la Plaza de la 21. El cabildante señaló que en este sector se registra consumo constante de sustancias psicoactivas, presunta comercialización de drogas y presencia de habitantes de calle, una situación que afecta la convivencia de comerciantes, residentes y transeúntes.

Castillo indicó que, aunque considera que Ibagué es una ciudad tranquila, los recientes comportamientos de los indicadores de hurto y los casos de homicidio generan preocupación. Por esta razón, insistió en que la seguridad debe mantenerse entre las prioridades de la ciudad y requiere coordinación entre las instituciones responsables.

De acuerdo con el concejal, existe una denuncia formal sobre las condiciones de seguridad en las calles 18, 19 y 20, particularmente en inmediaciones de la carrera Tercera con calle 20. Asimismo, aseguró que adelanta gestiones con la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno para promover acciones conjuntas que permitan atender la problemática.

El cabildante cuestionó que los hechos denunciados ocurran cerca de lugares como la Terminal de Transportes y el comando de distrito de la Policía. En ese sentido, pidió reforzar la presencia institucional y avanzar en investigaciones que permitan identificar y judicializar a las personas presuntamente involucradas en la venta de estupefacientes y otras actividades delictivas.

Finalmente, Castillo expresó su disposición de trabajar con la Policía y el Ejército en las estrategias de seguridad para la capital tolimense. Su llamado se centra en desarrollar intervenciones coordinadas y sostenidas en el entorno de la Plaza de la 21, con el propósito de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad en esta zona comercial de Ibagué.

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El rector de la Universidad del Tolima, Jhon Jairo Méndez, fue designado como integrante principal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Su participación busca fortalecer la presencia de las universidades regionales en los espacios donde se toman decisiones relacionadas con la educación superior en Colombia.

Méndez señaló que este nombramiento representa tanto un reconocimiento para la Universidad del Tolima como una responsabilidad con las instituciones de educación superior de la región centro-sur del país.

Desde su nuevo cargo, el rector manifestó su intención de promover la cooperación entre universidades y aportar al desarrollo de una educación superior de calidad, incluyente y conectada con las necesidades de los territorios.

Asimismo, destacó la importancia de ampliar la participación de las regiones en la formulación de políticas y estrategias que orienten el futuro de la educación superior colombiana.

El directivo afirmó que recibe esta designación con gratitud y compromiso, con el propósito de continuar contribuyendo al desarrollo de la Universidad del Tolima, la región y el país.

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Ecopetrol anunció medidas para fortalecer el abastecimiento de gas natural en Colombia, entre las que se encuentra acelerar el desarrollo del proyecto Sirius, ubicado en el Caribe. La estrategia busca aumentar la producción nacional y contribuir a atender las necesidades energéticas del país en el mediano plazo.

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas probadas de gas natural disminuyeron de 2.817 gigapies cúbicos al cierre de 2022 a 1.717 al finalizar 2025, lo que representa una reducción cercana al 39 %. En el mismo periodo, la producción comercializada anual pasó de 392 a 290 gigapies cúbicos. La Unidad de Planeación Minero-Energética ya había advertido en 2017 sobre un posible desequilibrio entre la oferta y la demanda de este recurso a partir de 2024.

Ante este panorama, la compañía también evaluó propuestas para importar gas natural licuado mediante acuerdos de suministro a cinco años. Sin embargo, concluyó que las condiciones económicas ofrecidas no garantizaban la competitividad del suministro ni una rentabilidad acorde con los riesgos asumidos. Además, los precios planteados no contaban con suficiente respaldo en los compromisos de compra de los clientes nacionales, por lo que los procesos fueron declarados desiertos.

La adquisición de gas en el exterior implica gastos adicionales relacionados con el transporte marítimo y la regasificación, además de la competencia con compradores de Europa y Asia. A estas condiciones se suma el impacto previsto del fenómeno de El Niño, que puede reducir la generación hidroeléctrica y aumentar la demanda de gas para las plantas térmicas.

Como respuesta, Ecopetrol prioriza el fortalecimiento de la producción nacional y la aceleración de Sirius y otros activos estratégicos. Para avanzar, será necesario gestionar los permisos correspondientes y coordinar la infraestructura que permita llevar el gas al mercado. Mientras estos desarrollos entran en operación, la empresa continuará analizando alternativas de importación que se ajusten a las condiciones comerciales y a las necesidades de abastecimiento del país.

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Los seis Centros de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla, registraron 1.161 acuerdos entre las partes durante 2026, según los reportes de gestión de la entidad.

En total, estos espacios contabilizaron 26.507 atenciones, 12.427 solicitudes relacionadas con conciliaciones y otros trámites, y 7.290 audiencias. De estas últimas, 499 terminaron en acuerdos en Bogotá, 203 en Medellín, 151 en Barranquilla, 129 en Bucaramanga, 107 en Cali y 72 en Villavicencio. Los datos de cinco centros corresponden al periodo de enero a septiembre, mientras que los de Barranquilla abarcan hasta mayo.

La oferta institucional permite buscar soluciones concertadas a diferencias relacionadas con deudas, incumplimientos de contratos, indemnizaciones y otros asuntos que pueden resolverse mediante conciliación, sin necesidad de iniciar un proceso judicial en todos los casos.

Los servicios están destinados principalmente a personas de estratos 1 y 2 y a quienes cuentan con especial protección constitucional, siempre que cumplan las condiciones establecidas. También pueden acceder otras personas naturales cuyas pretensiones no superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 262 millones de pesos, así como determinadas entidades sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos.

La atención se presta de forma presencial, virtual o mixta, de acuerdo con las características del servicio. Además, los centros cuentan con procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes con dificultades económicas, orientados a facilitar acuerdos de pago con sus acreedores. También ofrecen servicios relacionados con acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, contemplados en la Ley 1996 de 2019, para favorecer el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad.

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La reorganización de los vendedores informales del parque de Belén, en Ibagué, ha generado inquietudes entre los comerciantes que dependen de esta actividad para obtener sus ingresos y cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Jorge Tulio Trujillo, vocero de la solicitud, pidió a las autoridades municipales informar cómo se llevará a cabo el proceso de reubicación y cuáles serían las condiciones económicas para ocupar los espacios destinados a las ventas informales.

Según la información conocida por los comerciantes, se contempla un cobro de $14.000 diarios por cada dos metros cuadrados. Trujillo manifestó su preocupación por el impacto que esta tarifa podría tener en quienes comercializan alimentos y otros productos, cuyos ingresos dependen de las ventas de cada jornada.

El vocero también solicitó a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección de Espacio Público establecer un cronograma para la reorganización, así como explicar los criterios que se utilizarán para distribuir los espacios. Además, pidió claridad sobre las tarifas y el funcionamiento de las asociaciones relacionadas con el aprovechamiento del espacio público.

“Que todo sea en igualdad para la comunidad”, expresó Trujillo, al insistir en que se tenga en cuenta a los vendedores que llevan tiempo trabajando en el sector. Los comerciantes esperan que la Administración Municipal precise las condiciones definitivas del proceso y garantice reglas claras y equitativas para evitar afectaciones a su sustento diario.

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Darío de la Pava, nieto de la maestra Amina Melendro de Pulecio, planteó la necesidad de impulsar una industria musical sólida en Ibagué, que permita aprovechar la tradición artística de la ciudad y convertirla en oportunidades de empleo y desarrollo económico. Según explicó, aunque la capital del Tolima cuenta con una importante trayectoria musical, todavía enfrenta desafíos para que sus artistas puedan vivir de su trabajo.

Durante una entrevista con Ecos del Combeima, señaló que es necesario ampliar los espacios para presentaciones, fortalecer la articulación entre las instituciones y generar condiciones para que los músicos desarrollen sus carreras profesionales. En ese sentido, destacó el legado de su abuela, quien asumió el liderazgo de la institución tras la muerte del maestro Alberto Castilla, en 1937, y promovió el bachillerato musical, una iniciativa concebida en 1959 para fortalecer la educación artística.

De la Pava también consideró importante conectar la formación musical de los colegios con programas universitarios especializados. A su juicio, esta articulación permitiría que los jóvenes continúen su preparación y accedan a nuevas posibilidades profesionales, tanto en Colombia como en el exterior.

Otro de los aspectos que mencionó fue la necesidad de mejorar y aprovechar escenarios como la sala Alberto Castilla, la Concha Acústica y el Teatro Tolima. Asimismo, propuso mantener una programación cultural durante todo el año, en lugar de concentrar las actividades musicales en determinadas temporadas. Para avanzar en este propósito, señaló que la Alcaldía, la Gobernación, las instituciones educativas y el sector privado deben coordinar esfuerzos.

El entrevistado también resaltó la importancia de promover intercambios y procesos de formación internacional que faciliten la proyección del talento local. Como ejemplos, mencionó el trabajo de la Fundación Salvi en el campo de la lutería y la proyección musical, así como las iniciativas del maestro Germán Gutiérrez para generar oportunidades de formación para músicos en Estados Unidos.

Finalmente, sostuvo que el reto de Ibagué consiste en transformar su reconocimiento musical en resultados concretos para la ciudad, mediante el impulso al turismo cultural, la generación de empleo y mejores oportunidades para los artistas. Estas reflexiones se plantean en el marco de la iniciativa “Ibagué suena a música”, que tendrá un conversatorio y un concierto de serenata el viernes 23 de octubre en el salón Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima.

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La Alcaldía de Ibagué sostuvo una jornada de diálogo con habitantes de Pico de Oro y El Secreto para revisar las dificultades de movilidad que enfrenta la comunidad y definir acciones encaminadas a mejorar el acceso al sector. En el encuentro también participó la Personería Municipal.

Durante la reunión, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana María Granada, explicó que el paso provisional construido por la comunidad presenta deterioro. Por esta razón, la administración adquirirá materiales mediante un contrato de ferretería para adecuar un puente peatonal que permita garantizar el tránsito de los habitantes de manera segura.

“De igual manera, se han adelantado mesas técnicas con la Gobernación del Tolima para gestionar recursos que nos permitan llevar a cabo la construcción del puente vehicular”, agregó la funcionaria.

Las dificultades de movilidad en Pico de Oro y El Secreto se intensificaron durante la primera temporada de lluvias de 2024. Como parte del seguimiento realizado desde entonces, en 2025 fueron contratados los estudios y diseños para un nuevo puente vehicular, con un costo estimado de cerca de $4.300 millones. La Alcaldía también ha adelantado gestiones con la Gobernación para buscar alternativas de financiación.

Mientras se concreta la obra definitiva, las visitas técnicas determinaron que la estructura existente de la garrucha podría ser utilizada para implementar la alternativa peatonal transitoria. El contrato para adquirir los elementos necesarios fue adjudicado el pasado 28 de septiembre.

Al finalizar la jornada, la Administración Municipal y los habitantes acordaron mantener el seguimiento y continuar con las mesas de diálogo. La próxima reunión quedó programada para el martes 6 de octubre, cuando se revisarán los avances del paso peatonal y las acciones posteriores.

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La ingeniera Erika Melissa Palma anunció su renuncia al cargo de planta que desempeñaba en el IBAL, cerrando una etapa de más de 14 años vinculada a la empresa. En su mensaje de despedida expresó: «Renuncio con el dolor en el alma, pero con la satisfacción inmensa de saber que lo entregué todo».

La salida se produce poco más de un año después de que Palma dejara la gerencia general del IBAL, en julio de 2025. Durante su permanencia al frente de la entidad estuvo en el centro de diferentes debates relacionados con el manejo presupuestal, actuaciones de la Contraloría y situaciones como la crisis de agua registrada en la comuna Siete.

Después de su salida de la gerencia, Palma fue trasladada al cargo de gerente de Proyectos Estratégicos. Según declaraciones citadas en el artículo, el concejal Andrés Zambrano cuestionó las funciones asignadas a esa posición y señaló que se trataba principalmente de un rol de «apoyo logístico».

Desde julio pasado han circulado versiones que relacionan a Palma con una posible candidatura a la Alcaldía de Ibagué para 2027. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de esa aspiración y su mensaje de despedida tampoco hace referencia expresa a una candidatura.

Su renuncia ocurre en un escenario en el que ya comienzan a moverse diferentes sectores políticos de cara a las elecciones regionales de 2027. Por ahora, queda por establecer si la salida del IBAL corresponde únicamente al cierre de su etapa laboral o si posteriormente se traduce en una participación electoral.

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Habitantes de la vereda Pico de Oro y sectores cercanos, en el corregimiento de Villa Restrepo, se reúnen este martes 29 de septiembre con representantes de la Alcaldía de Ibagué para abordar la situación del puente que colapsó en mayo de 2024. En el encuentro participan las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural e Infraestructura.

La reunión se realiza luego del bloqueo intermitente de la vía registrado el domingo anterior, cuando integrantes de la comunidad protestaron por la falta de una solución al paso vehicular. La situación afectó temporalmente el ingreso de turistas y comerciantes al Cañón del Combeima.

Desde la Administración Municipal, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana María Granada, explicó que durante 2025 se adelantaron los estudios y diseños para la construcción del nuevo puente. Según indicó, estos determinaron un costo de $4.300 millones para la infraestructura vehicular. La funcionaria también señaló que se han desarrollado mesas de trabajo con la Gobernación del Tolima para buscar alternativas de financiación.

Mientras se gestiona la construcción del nuevo puente, la Alcaldía adelanta la adquisición de materiales para realizar adecuaciones en el paso peatonal provisional, que actualmente presenta deterioro. «Vamos a adquirir unos materiales que nos van a permitir adecuar el paso provisional del puente peatonal, que en este momento se encuentra en mal estado», explicó Granada.

Por su parte, el líder comunitario Albeiro Mora señaló que el propósito del encuentro es alcanzar acuerdos y establecer compromisos «claros y serios» para recuperar la conexión con la vereda El Secreto. También manifestó que más de 100 familias se encuentran afectadas por la ausencia del paso vehicular y que la comunidad espera que se concreten los recursos necesarios para ejecutar la obra.

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