El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la Resolución 52 de 2025, que otorga mayores facultades de inspección, auditoría y sanción sobre asociaciones campesinas y gremios agropecuarios en Colombia. La medida, que permite solicitar documentación financiera, imponer multas diarias y hasta remover administradores, ha generado una fuerte oposición en el sector, ya que muchos líderes políticos y gremiales consideran que vulnera la independencia de estas organizaciones y pone en riesgo su autonomía.

Diversos actores han criticado esta acción, señalando que se trata de una extralimitación de funciones que podría usarse para imponer una agenda gubernamental y restringir la libre asociación. La senadora Paloma Valencia, por ejemplo, calificó la resolución como un intento de amedrentamiento, mientras la Sociedad de Agricultores de Colombia advirtió que se están invadiendo competencias que solo competen al Congreso.

En este contexto, el periodista Hubert Ariza, con una amplia trayectoria en el análisis de temas económicos y políticos, expresó su opinión de forma contundente:
«Toda entidad privada que maneje dineros públicos debe ser supervigilada. Es dinero del Estado que algunas entidades manejan como plata de bolsillo de directores ejecutivos y directoras administrativas. Mientras el país está en déficit esas organizaciones viven en superávit.»

Ariza expone que, si bien la supervisión de las entidades privadas es fundamental para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado, en un contexto donde los recursos del Estado son escasos, es crucial que se establezcan mecanismos de control riguroso para evitar que estos fondos sean mal utilizados o desviados para beneficio personal de altos ejecutivos.

Este debate se inserta en un contexto de tensiones comerciales y políticas en Colombia, donde la correcta interpretación de los instrumentos legales y el respeto a la autonomía gremial son fundamentales para el desarrollo económico y la estabilidad institucional.

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Hubert Ariza

Colombia, vivió durante más de 100 años buscando el camino para derribar la muralla de la Constitución de 1886 que mantuvo al país bajo la permanente declaratoria del estado de sitio. Era una situación de excepcionalidad que cerraba los espacios democráticos, podaba los liderazgos políticos, marchitaba la sociedad civil, era tierra fértil para la violencia y daba excusas a los grupos armados ilegales para izar las banderas de la insurrección ante un régimen autoritario incapaz de contener la violación de los derechos humanos y defender la vida.

Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo son los mártires más reconocidos de ese período de dolor y desangre colectivo, en el que las mafias políticas de extrema derecha enquistadas en el Estado, muchas veces en alianza con sectores descompuestos de la Fuerza Pública, sembraron de dolor el país y dejaron más de 500.000 muertos, miles de fosas comunes, millares de masacres y millones de desplazados internos.

En la década de los noventa del siglo pasado, la tenacidad de los jóvenes universitarios, hastiados de la guerra fratricida y la demencia del narcotráfico que avasallaba el futuro, decidieron convocarse para impulsar la idea revolucionaria de una Asamblea Nacional Constituyente. Fernando Carrillo Flórez, un joven profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, fue el gran impulsor de esa gesta histórica, que redimió los espacios de participación ciudadana como el escenario para destrabar la democracia y sembrar en la consciencia colectiva el concepto del poder de la soberanía popular.

Gracias a la gesta constituyente, cinco grupos armados ilegales dejaron las armas, participaron en la elaboración de la Carta Política y han cumplido su palabra. Un hijo de esa paz de los años noventa es hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmante de la paz con el M-19 y quien ha promovido de manera consistente una profunda reforma constitucional, sea a través de una Constituyente o del llamado poder constituyente. Esas iniciativas reformadoras de la Carta Política no han encontrado eco en una opinión pública prevenida, en alerta, temerosa de que un nuevo articulado concrete la amenaza de una supuesta venezolanización de Colombia, o abra las compuertas a la eventual reelección presidencial inmediata y a la incertidumbre que ello conllevaría.

Ante el bloqueo legislativo y la decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima de archivar el proyecto de ley de reforma laboral ―que el Gobierno considera vital en su estrategia modernizadora―, el presidente Petro ha invocado el espíritu participativo de la Constitución de 1991, la misma que siente estrecha para avanzar en la concreción de su modelo de sociedad marcada por la justicia social, la equidad, la paz y el cambio de paradigmas.

La convocatoria de una consulta popular, que se realizaría en octubre de 2025 de ser aprobada por el Congreso, es un enorme reto para la derecha, pero también para la izquierda democrática, que tendrá que despabilarse para lograr los objetivos planteados por el Ejecutivo. La consulta pretende destrabar la agenda reformista y movilizar a la base electoral del petrismo, sacándola de las peleas internas, el fraccionamiento y la polarización, de cara al 2026, dando vía libre a una dinámica popular que posicione nuevos liderazgos regionales y obligue a los congresistas, dirigentes sociales y formadores de opinión leales al Gobierno a ganar espacios, promover la esencia de las reformas bloqueadas, a la salud y laboral, y, ante todo, impulsar un modelo de sociedad que cambie el status quo. Por supuesto, la estrategia busca posicionar en el partidor a los líderes que integrarán la lista al Congreso de la República por el Pacto Histórico. Es claro que quien no movilice al electorado ni haga pedagogía, no estará en el tarjetón. Así de sencillo.Convencido de que una sociedad enferma de odio y polarización necesita una cura democrática, Petro ha mandado al país a consulta, teniendo como vademécum la Constitución de 1991, para liberar las fuerzas de la izquierda democrática del anquilosamiento burocrático y el empalagamiento con el poder transitorio, y, de paso, convocar a los ciudadanos de otros partidos y movimientos sociales a una reflexión sobre el modelo económico y político, las debilidades de la democracia y la necesidad de actuar para impedir que la propuesta del cambio se asfixie en el pozo profundo de la polarización y la revancha política. La consulta, entonces, es una enorme atarraya que lanza el presidente al mar de la opinión pública para pescar adeptos, superar divisiones internas y ganar espacios de cara al 2026.La primera prueba de su convocatoria fue la marcha del pasado 18 de marzo, que convocó en varias ciudades del país a miles de simpatizantes de esa iniciativa gubernamental. Contrario a los anuncios de la oposición y a pesar de las decisiones del alcalde de Bogotá, que rechazó la declaratoria de día cívico hecha por el Gobierno nacional, la Plaza de Bolívar se llenó durante varias horas, y miles de personas acudieron a la cita para escuchar uno de los discursos más fuertes del primer mandatario en los últimos meses, en lo que radicalizó su postura contra la clase política que obstruyó su propuesta del cambio, la oligarquía y el modelo económico.

Petro, quien se crece en la plaza pública, atacó con fiereza a sus adversarios y trazó una ruta de acción política a sus seguidores. Empoderado en su papel de caudillo, usa la palabra como detonante e invisibiliza a su gabinete en la arremetida contra los adversarios a sus tesis y visiones de futuro. El pasado 18 de marzo, atacó por igual a las senadoras cristianas de la Comisión Séptima, como a los demás congresistas que archivaron el proyecto de ley de reforma laboral. El llamado al Congreso a aprobar la convocatoria de consulta popular fue una declaratoria de guerra, con una clara advertencia: “si no, el pueblo los sacará del Congreso. No estoy hablando carreta. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta”.Para Petro, Colombia está en modo consulta. Para el resto de los mortales, Colombia está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado. Lo evidente es que Petro ha levantado la bandera del M-19, se enfrenta contra los clanes políticos en el Congreso, repudia el modelo económico y a los empresarios abusivos de los derechos de los trabajadores, ataca las fallas estructurales del modelo de salud y convoca al pueblo a manifestarse y declararse en rebeldía contra la clase política, los alcaldes y gobernadores que desconocen los mandatos presidenciales, y contra Vicky Dávila, la candidata que aspira a ser la Milei colombina, de quien dijo tiene “el alma podrida”.Colombia está en el diván: la política ha entrado en una nueva dinámica de mayor radicalización del presidente, polarización y desafío a la cordura, mientras del Gabinete sale el ministro de Hacienda, quien apenas estuvo en el cargo tres meses, y el Congreso se convierte en teatro de operaciones de una oposición sin límites que usará todos los medios para frenar a Petro en su lucha por reelegir su ideario en 2026.

«Para Petro, Colombia está en modo consulta. Para el resto de los mortales, está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado». Ariza, H. Disponible en: (El País, 21 de marzo de 2025).

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