La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 482 de Cámara, mediante el cual se plantea actualizar los sistemas relacionados con el comercio exterior en Colombia y establecer otras disposiciones. La iniciativa continuará ahora su trámite en el Senado de la República.

El proyecto es de autoría del representante John Jairo Berrío, quien señaló que “esta es una ley que está esperando el sector exportador colombiano”. También indicó que Colombia presenta un rezago en la modernización de los sistemas informáticos de las aduanas y recordó que desde 2016 se han planteado intentos para avanzar en este proceso.

Berrío agregó que “vamos de prórroga en prórroga y ahora con esta ley que esperamos sea aprobada en el Senado de la República, lo que queremos es que con la fuerza de la ley el Estado colombiano por fin actualice los sistemas informáticos de la DIAN”.

Por su parte, el representante Heiner de Jesús Gaitán, uno de los ponentes, destacó la importancia de la iniciativa para la cadena productiva y para los productores que llevan sus bienes al exterior, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

El coordinador ponente, Alejandro Murcia, calificó la aprobación como un primer paso hacia nuevas modificaciones de las plataformas tecnológicas del país. Además, señaló que el objetivo es avanzar en sistemas que permitan agilizar los procesos. En la misma sesión, la plenaria aprobó también el proyecto relacionado con la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Simití, en Bolívar.

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Las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron este martes la discusión y votación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El trámite definirá la distribución de los recursos públicos para el próximo año.

El proyecto contempla un presupuesto de $634,9 billones, cifra que representa un incremento del 14,2 % frente al presupuesto vigente de 2026. Dentro de este monto, $155,4 billones corresponden al servicio de la deuda pública, mientras que $87 billones están destinados a inversión.

El pago de la deuda registra el mayor incremento, al pasar de $100,45 billones en 2026 a $155,4 billones para 2027, equivalente a un aumento del 54,7 %. Por su parte, los gastos de funcionamiento crecerían 7,3 %, hasta alcanzar $392,6 billones, recursos que incluyen obligaciones como pensiones, salud, educación y transferencias a las regiones.

En contraste, la inversión pública tendría una reducción del 2,8 %, al pasar de $89,5 billones a $87 billones. Asimismo, los ingresos corrientes de la Nación disminuirían de $322,8 billones a $299,1 billones, mientras los recursos de capital aumentarían de $176,2 billones a $281,4 billones.

Las comisiones económicas deberán definir inicialmente el monto total del presupuesto antes del 15 de septiembre. Si este primer debate avanza, la iniciativa continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

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Las elecciones legislativas dejaron un nuevo panorama para el Partido Liberal en el Tolima. La colectividad perdió su única curul propia en la Cámara de Representantes, un resultado previsible que llegó después de varios meses de diferencias internas y de los cuestionamientos que rodearon la gestión política de la entonces representante Olga Beatriz González, cuya distancia con el director natural del partido en el departamento, Mauricio Jaramillo Martínez, terminó reflejándose en la falta de una estrategia unificada para enfrentar la opinión popular en los comicios.

Con ese escenario, la principal pregunta pasó a ser quién asumiría el liderazgo del partido en el Tolima. La respuesta está en los estatutos del liberalismo. Ahora, las decisiones más importantes quedarán en manos de las credenciales de mayor jerarquía que conserva la colectividad: los diputados Carlos Reyes y Julio César Morato, el concejal de Ibagué Javier Mora, además del Directorio Departamental, los alcaldes y concejales liberales que mantienen representación en los diferentes municipios.

El diputado Julio César Morato explicó que la colectividad seguirá funcionando bajo esa estructura y descartó que exista una división interna. «El Partido Liberal en el Tolima no está dividido. Están las dos credenciales de los diputados, el doctor Carlos Reyes, el presente, la credencial del Concejo, el concejal Javier Mora, y los diferentes alcaldes y concejales de los municipios, los cuales están alineados o están en consecuencia con lo que está solicitando el sector departamental», afirmó el dirigente.

Ese mismo esquema también definirá la entrega de avales para las próximas elecciones. De acuerdo con el diputado Morato, los estatutos establecen que los congresistas con la mayor votación en cada municipio tendrán participación en esa decisión, siempre en coordinación con el Directorio Departamental. En el caso del Tolima, esa responsabilidad recaerá principalmente sobre los senadores Óscar Sánchez León y María Eugenia Lopera, quienes acompañarán el proceso de selección de candidatos para alcaldías, concejos y la Asamblea Departamental.

El reto que comienza para el liberalismo tolimense no será menor. Sin una representación propia en la Cámara, la responsabilidad de mantener vivo el partido, fortalecer su presencia en el territorio y conducir el rumbo político de la colectividad recaerá, en buena medida, sobre los diputados Julio César Morato y Carlos Reyes, quienes tendrán la misión de liderar un departamento entero sin la estructura y el peso institucional que normalmente representa un congresista. Será una tarea exigente, pero también una oportunidad para demostrar que el liderazgo, la cercanía con las bases y el trabajo territorial pueden abrir un nuevo camino para el liberalismo. Con ese nuevo tablero político, el partido buscará dejar atrás los errores que marcaron el pasado reciente y sorprender con una dirigencia que tendrá en sus manos la posibilidad de reconstruir la confianza, recuperar espacios y escribir una nueva página para la colectividad en el Tolima.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de nulidad electoral presentada contra la elección de Abelardo De la Espriella como presidente de la República. La acción judicial busca que se revise la legalidad del acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral oficializó su elección y solicita, además, una medida cautelar para suspender la posesión mientras se resuelve el proceso.

La demanda fue interpuesta por el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, quien plantea presuntas irregularidades relacionadas con el proceso electoral. Tras verificar que el escrito cumplía los requisitos legales exigidos, el Consejo de Estado decidió admitirlo y dar inicio al trámite correspondiente, sin que ello implique una decisión sobre el fondo del caso.

Como parte del procedimiento, el despacho del magistrado ponente ordenó notificar al presidente electo, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional para que respondan a los señalamientos y aporten las pruebas que consideren pertinentes dentro del plazo establecido. Asimismo, el CNE deberá remitir la documentación relacionada con la declaratoria de elección.

El alto tribunal precisó que la admisión de la demanda corresponde únicamente al cumplimiento de los requisitos procesales y no significa que la elección haya sido anulada ni que la posesión quede suspendida automáticamente. La solicitud de medida cautelar será evaluada dentro del desarrollo del proceso judicial.

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El exalcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, solicitó a la Asamblea Departamental del Tolima un espacio para intervenir en el debate de control político convocado para analizar la situación financiera del municipio. Según indicó, conoció la realización de la sesión a través de los medios de comunicación y aseguró que no recibió una invitación para participar, pese a haber ejercido como alcalde entre 2020 y 2023.

El exmandatario manifestó su interés en presentar su versión sobre las decisiones tomadas durante su administración, especialmente las relacionadas con el recaudo de impuestos a empresas vinculadas con la construcción del túnel de La Línea. De acuerdo con su planteamiento, esos recursos fueron gestionados y destinados a la ejecución de obras para Cajamarca. En ese contexto afirmó: “Por los medios de comunicación me enteré que la Asamblea Departamental del Tolima está convocando a un debate (…) No recibí ninguna invitación”.

Vargas también señaló que, desde su perspectiva, la actual administración no continuó con el proceso de recaudo ni con la defensa de esos recursos, situación que, según considera, tiene relación con el panorama financiero que enfrenta el municipio.

El debate, que inicialmente estaba programado para esta semana, fue aplazado con el propósito de revisar nueva documentación entregada por la Alcaldía y facilitar la participación de la Contraloría del Tolima. La Asamblea espera contar en la próxima sesión con representantes del Gobierno Departamental, la administración municipal, el Concejo de Cajamarca y los organismos de control para abordar el estado de las finanzas del municipio.

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El Pacto Histórico comenzó a hacer sus proyecciones de cara a las elecciones para la Asamblea del Tolima, con el propósito de aumentar su representación en la corporación departamental. La colectividad estima que, si alcanza el respaldo suficiente en las urnas, podría pasar de una a tres curules.

Las cuentas del movimiento parten de los resultados obtenidos en procesos electorales recientes y de la expectativa de consolidar el apoyo de distintos sectores políticos y ciudadanos. Según el análisis presentado, el objetivo dependerá de lograr una votación que le permita superar la cifra repartidora y competir por un mayor número de escaños.

En la elección de 2023, el Pacto Histórico obtuvo una curul en la Asamblea del Tolima con cerca de 30 mil votos. Ahora, el escenario planteado por la colectividad contempla incrementar de manera significativa ese caudal electoral para aspirar a dos o incluso tres diputados, en un contexto donde la distribución final dependerá del comportamiento de las demás listas y de la aplicación de la cifra repartidora.

Aunque el movimiento considera posible alcanzar esa meta, el resultado estará sujeto a la votación definitiva del proceso electoral y a la distribución proporcional de las curules entre los partidos que superen el umbral establecido por la ley.

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El concejal Julián Serna se refirió a los principales retos que enfrentará la nueva directora de Espacio Público de Ibagué, al considerar que su gestión deberá centrarse en aspectos como la regulación de los permisos para la ocupación de áreas públicas, la protección de los andenes para el tránsito peatonal y el trabajo directo con las comunidades en los distintos barrios.

El cabildante afirmó que la atención de estas problemáticas requiere presencia permanente en el territorio y diálogo con la ciudadanía. En ese sentido manifestó: «El espacio público es de todos y el trabajo no puede hacerse desde un escritorio. Debe estar en el territorio, escuchar a la comunidad y hacer seguimiento a las diferentes situaciones que se presentan en los barrios».

Serna también indicó que otro de los temas prioritarios será la organización de las plazas de mercado, buscando un mejor uso del espacio público sin afectar los derechos de quienes desarrollan actividades económicas en estos sectores. Asimismo, señaló que la carrera Tercera representa otro desafío para la administración, donde considera necesario encontrar un equilibrio entre la recuperación del orden y las garantías para los vendedores informales.

Finalmente, sostuvo que la nueva directora deberá apoyarse en la Política Pública del Vendedor Informal para evaluar los casos de ocupación del espacio público y determinar cuándo podrían implementarse procesos de reubicación, procurando respetar los derechos adquiridos de quienes ejercen esta actividad.

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Los vehículos que habitualmente sean utilizados para transportar personas en condición de discapacidad, o que sean conducidos por ellas, podrán quedar exentos de las medidas de restricción vehicular que aplican departamentos y municipios, como el pico y placa. Esta disposición está respaldada por la Ley 1618 de 2013 y su reglamentación correspondiente.

De acuerdo con la normativa, las autoridades de tránsito deben incluir expresamente esta excepción dentro de las restricciones de movilidad que adopten. El beneficio está dirigido a personas cuya condición motora, sensorial o mental limite su capacidad de desplazamiento.

Para acceder a la exención, es necesario que la persona beneficiaria y el vehículo cumplan una serie de requisitos establecidos por las autoridades de tránsito. Entre ellos se encuentran la acreditación de la condición de discapacidad, la documentación vigente del automotor y la inscripción en las bases de datos correspondientes. La excepción aplica para un vehículo por cada beneficiario.

Asimismo, el Ministerio de Transporte ha precisado que la medida también cobija los desplazamientos que se realicen para recoger a la persona en condición de discapacidad, siempre que el vehículo esté registrado dentro del esquema de exención.

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Luego de la jornada electoral, este lunes continúa el proceso de escrutinio departamental en el Tolima, una etapa en la que las autoridades electorales revisan y consolidan la información registrada en las mesas de votación.

Durante esta fase, las comisiones escrutadoras verifican las actas y atienden las observaciones o reclamaciones que puedan presentarse dentro del procedimiento establecido. El objetivo es validar los resultados consignados durante el preconteo y avanzar en la consolidación oficial de los datos.

Las labores se desarrollan bajo la coordinación de las autoridades electorales competentes, con la participación de los actores autorizados para hacer seguimiento al proceso. Esta revisión permite contrastar la información reportada en cada puesto de votación y garantizar que los registros coincidan con la documentación oficial.

El escrutinio constituye una etapa posterior al preconteo y es el mecanismo mediante el cual se confirman los resultados electorales. Por esta razón, los datos que surjan de este procedimiento son los que tendrán validez oficial una vez concluya la revisión correspondiente.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades continúan trabajando en la consolidación de los resultados departamentales, proceso que se desarrolla de acuerdo con los tiempos establecidos para la entrega de los reportes oficiales.

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La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a los colombianos para que participen en las elecciones de forma pacífica y con respeto por las instituciones democráticas. En medio de un ambiente de alta tensión política, la entidad pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad durante la jornada electoral y en los días posteriores a los comicios.

El procurador general, Gregorio Eljach, insistió en la necesidad de preservar la tranquilidad del país y evitar expresiones o comportamientos que puedan generar confrontaciones. El mensaje estuvo orientado a promover una participación ciudadana basada en el respeto por las diferencias políticas y en la confianza en los mecanismos democráticos.

La entidad también recordó la importancia de rechazar los discursos que incentiven la polarización o la desinformación, al tiempo que invitó a los distintos sectores políticos y sociales a contribuir a un clima de convivencia. El objetivo, señaló, es que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con garantías y sin presiones.

Este llamado se enmarca en la estrategia de Paz Electoral que lidera la Procuraduría, una iniciativa enfocada en fortalecer la confianza en el proceso electoral y en el respeto por los resultados que arrojen las urnas. La entidad ha venido promoviendo mensajes de prudencia y participación responsable en diferentes regiones del país.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró que la democracia se fortalece con la participación ciudadana y el respeto por las decisiones adoptadas a través del voto, por lo que invitó a los colombianos a acudir a las urnas en un ambiente de calma y convivencia.

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