El incremento en los costos del gas y sus posibles consecuencias para la economía familiar motivaron un pronunciamiento del concejal de Ibagué, Julián Serna. El cabildante se refirió al debate de control político impulsado por varios senadores, incluido el tolimense Miguel Barreto, quienes buscan respuestas del Gobierno Nacional frente a la situación energética del país.

Serna expresó su preocupación por la compra de gas importado a precios elevados y señaló que estos costos terminan afectando a los consumidores, especialmente a las familias de estratos 1, 2 y 3, así como al sector empresarial. Según explicó, el encarecimiento de este servicio también puede repercutir en el valor de los alimentos y otros productos.

Uno de los puntos señalados por el concejal es el costo de las facturas que deben asumir los hogares con menores ingresos. De acuerdo con sus declaraciones, algunos usuarios de estratos 1 y 2 están recibiendo recibos de gas cercanos a los $150.000, una suma que representa una carga para sus finanzas familiares.

Ante este panorama, Serna destacó la importancia de que el debate de control político se traduzca en acciones concretas. Durante esta discusión, los senadores solicitaron explicaciones a distintos ministros y reclamaron la formulación de un plan para reducir los efectos del encarecimiento de la energía.

El concejal también planteó la necesidad de evaluar alternativas que permitan aprovechar los recursos gasíferos disponibles en Colombia y disminuir la dependencia de las importaciones a precios elevados. Asimismo, consideró necesario examinar otras opciones energéticas para atender las dificultades de abastecimiento y costos, con el propósito de evitar que el aumento de los servicios públicos afecte aún más a las familias y empresas.

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La ingeniera Erika Melissa Palma anunció su renuncia al cargo de planta que desempeñaba en el IBAL, cerrando una etapa de más de 14 años vinculada a la empresa. En su mensaje de despedida expresó: «Renuncio con el dolor en el alma, pero con la satisfacción inmensa de saber que lo entregué todo».

La salida se produce poco más de un año después de que Palma dejara la gerencia general del IBAL, en julio de 2025. Durante su permanencia al frente de la entidad estuvo en el centro de diferentes debates relacionados con el manejo presupuestal, actuaciones de la Contraloría y situaciones como la crisis de agua registrada en la comuna Siete.

Después de su salida de la gerencia, Palma fue trasladada al cargo de gerente de Proyectos Estratégicos. Según declaraciones citadas en el artículo, el concejal Andrés Zambrano cuestionó las funciones asignadas a esa posición y señaló que se trataba principalmente de un rol de «apoyo logístico».

Desde julio pasado han circulado versiones que relacionan a Palma con una posible candidatura a la Alcaldía de Ibagué para 2027. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de esa aspiración y su mensaje de despedida tampoco hace referencia expresa a una candidatura.

Su renuncia ocurre en un escenario en el que ya comienzan a moverse diferentes sectores políticos de cara a las elecciones regionales de 2027. Por ahora, queda por establecer si la salida del IBAL corresponde únicamente al cierre de su etapa laboral o si posteriormente se traduce en una participación electoral.

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La Procuraduría General de la Nación analizó las principales dificultades y riesgos que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes durante su participación en las elecciones al Congreso. Los resultados hacen parte del informe “Participación Política de las Candidatas Étnicas a las Circunscripciones Especiales del Congreso 2026-2030: balance y recomendaciones”.

El estudio revisó 168 candidaturas y encontró que las mujeres representaron el 30,4 % de las inscripciones al Senado por la Circunscripción Especial Indígena, el 47,6 % de las candidaturas a la Cámara por la Circunscripción Indígena y el 40,3 % en la Circunscripción Afrodescendiente. Para la entidad, estos porcentajes muestran avances, pero también evidencian diferencias en la representación política.

Por primera vez, la Procuraduría desarrolló este análisis y recopiló las experiencias de 62 candidatas. De ellas, el 35 % afirmó haber enfrentado violencia relacionada con su condición de mujeres aspirantes a cargos de elección popular. Entre quienes reportaron estos hechos, el 72 % señaló situaciones de violencia psicológica y el 54 % manifestó haber experimentado violencia económica.

A partir de los resultados, la entidad recomendó fortalecer las medidas de prevención, atención y seguimiento frente a estas situaciones, además de mejorar la información electoral mediante enfoques diferencial e interseccional. También anunció la creación de una mesa técnica con entidades estatales y organizaciones sociales para hacer seguimiento a estas medidas y contribuir a condiciones más seguras para la participación política de las mujeres.

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El diputado del Partido Liberal en el Tolima, Julio Morato, salió al paso de las recientes opiniones y anuncios relacionados con posibles acercamientos entre el Pacto Histórico y sectores del liberalismo de cara a las elecciones regionales de 2027.

Morato aseguró que, hasta el momento, no ha sido consultado por ningún miembro, afiliado o simpatizante del Pacto Histórico para establecer acuerdos programáticos relacionados con eventuales coaliciones o apoyos políticos para la próxima contienda electoral regional.

El dirigente liberal también fue enfático en señalar que no ha delegado ni autorizado a ninguna persona para tomar posición en su nombre o comprometer su credencial frente a los planteamientos realizados públicamente por el Pacto Histórico.

Asimismo, sostuvo que ni el Partido Liberal Colombiano ni su dirigencia nacional le han comunicado algún interés en promover listas unificadas o acuerdos electorales con el Pacto Histórico en el departamento del Tolima.

Frente al panorama electoral de 2027, Morato manifestó que existe una posibilidad real para que el liberalismo fortalezca su presencia territorial y compita de manera independiente.

Según el diputado, el Partido Liberal tendría capacidad para construir listas independientes y consolidadas en más del 50 % de los municipios del Tolima, con el objetivo de aumentar su representación en los concejos municipales y fortalecer la lista a la Asamblea Departamental.

En este último escenario, Morato planteó como meta mantener las dos curules que actualmente tiene el liberalismo en la Asamblea del Tolima y trabajar para alcanzar una tercera credencial.

“Es momento de trabajar unidos, fortalecer nuestras estructuras y construir, con autonomía y responsabilidad, el proyecto político que los liberales del Tolima merecen”, señaló el dirigente liberal.

Finalmente, Morato hizo un llamado a la dirigencia, líderes, militantes y simpatizantes del Partido Liberal en el departamento a fortalecer la colectividad, recuperar su capacidad de convocatoria y mantener su presencia política de cara a las elecciones territoriales de 2027.

Con estas declaraciones, el diputado fija públicamente su posición frente a los posibles acercamientos con el Pacto Histórico y pone sobre la mesa una apuesta por la autonomía electoral y el fortalecimiento de las estructuras propias del liberalismo en el Tolima.

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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 482 de Cámara, mediante el cual se plantea actualizar los sistemas relacionados con el comercio exterior en Colombia y establecer otras disposiciones. La iniciativa continuará ahora su trámite en el Senado de la República.

El proyecto es de autoría del representante John Jairo Berrío, quien señaló que “esta es una ley que está esperando el sector exportador colombiano”. También indicó que Colombia presenta un rezago en la modernización de los sistemas informáticos de las aduanas y recordó que desde 2016 se han planteado intentos para avanzar en este proceso.

Berrío agregó que “vamos de prórroga en prórroga y ahora con esta ley que esperamos sea aprobada en el Senado de la República, lo que queremos es que con la fuerza de la ley el Estado colombiano por fin actualice los sistemas informáticos de la DIAN”.

Por su parte, el representante Heiner de Jesús Gaitán, uno de los ponentes, destacó la importancia de la iniciativa para la cadena productiva y para los productores que llevan sus bienes al exterior, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

El coordinador ponente, Alejandro Murcia, calificó la aprobación como un primer paso hacia nuevas modificaciones de las plataformas tecnológicas del país. Además, señaló que el objetivo es avanzar en sistemas que permitan agilizar los procesos. En la misma sesión, la plenaria aprobó también el proyecto relacionado con la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Simití, en Bolívar.

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Las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron este martes la discusión y votación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El trámite definirá la distribución de los recursos públicos para el próximo año.

El proyecto contempla un presupuesto de $634,9 billones, cifra que representa un incremento del 14,2 % frente al presupuesto vigente de 2026. Dentro de este monto, $155,4 billones corresponden al servicio de la deuda pública, mientras que $87 billones están destinados a inversión.

El pago de la deuda registra el mayor incremento, al pasar de $100,45 billones en 2026 a $155,4 billones para 2027, equivalente a un aumento del 54,7 %. Por su parte, los gastos de funcionamiento crecerían 7,3 %, hasta alcanzar $392,6 billones, recursos que incluyen obligaciones como pensiones, salud, educación y transferencias a las regiones.

En contraste, la inversión pública tendría una reducción del 2,8 %, al pasar de $89,5 billones a $87 billones. Asimismo, los ingresos corrientes de la Nación disminuirían de $322,8 billones a $299,1 billones, mientras los recursos de capital aumentarían de $176,2 billones a $281,4 billones.

Las comisiones económicas deberán definir inicialmente el monto total del presupuesto antes del 15 de septiembre. Si este primer debate avanza, la iniciativa continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

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Las elecciones legislativas dejaron un nuevo panorama para el Partido Liberal en el Tolima. La colectividad perdió su única curul propia en la Cámara de Representantes, un resultado previsible que llegó después de varios meses de diferencias internas y de los cuestionamientos que rodearon la gestión política de la entonces representante Olga Beatriz González, cuya distancia con el director natural del partido en el departamento, Mauricio Jaramillo Martínez, terminó reflejándose en la falta de una estrategia unificada para enfrentar la opinión popular en los comicios.

Con ese escenario, la principal pregunta pasó a ser quién asumiría el liderazgo del partido en el Tolima. La respuesta está en los estatutos del liberalismo. Ahora, las decisiones más importantes quedarán en manos de las credenciales de mayor jerarquía que conserva la colectividad: los diputados Carlos Reyes y Julio César Morato, el concejal de Ibagué Javier Mora, además del Directorio Departamental, los alcaldes y concejales liberales que mantienen representación en los diferentes municipios.

El diputado Julio César Morato explicó que la colectividad seguirá funcionando bajo esa estructura y descartó que exista una división interna. «El Partido Liberal en el Tolima no está dividido. Están las dos credenciales de los diputados, el doctor Carlos Reyes, el presente, la credencial del Concejo, el concejal Javier Mora, y los diferentes alcaldes y concejales de los municipios, los cuales están alineados o están en consecuencia con lo que está solicitando el sector departamental», afirmó el dirigente.

Ese mismo esquema también definirá la entrega de avales para las próximas elecciones. De acuerdo con el diputado Morato, los estatutos establecen que los congresistas con la mayor votación en cada municipio tendrán participación en esa decisión, siempre en coordinación con el Directorio Departamental. En el caso del Tolima, esa responsabilidad recaerá principalmente sobre los senadores Óscar Sánchez León y María Eugenia Lopera, quienes acompañarán el proceso de selección de candidatos para alcaldías, concejos y la Asamblea Departamental.

El reto que comienza para el liberalismo tolimense no será menor. Sin una representación propia en la Cámara, la responsabilidad de mantener vivo el partido, fortalecer su presencia en el territorio y conducir el rumbo político de la colectividad recaerá, en buena medida, sobre los diputados Julio César Morato y Carlos Reyes, quienes tendrán la misión de liderar un departamento entero sin la estructura y el peso institucional que normalmente representa un congresista. Será una tarea exigente, pero también una oportunidad para demostrar que el liderazgo, la cercanía con las bases y el trabajo territorial pueden abrir un nuevo camino para el liberalismo. Con ese nuevo tablero político, el partido buscará dejar atrás los errores que marcaron el pasado reciente y sorprender con una dirigencia que tendrá en sus manos la posibilidad de reconstruir la confianza, recuperar espacios y escribir una nueva página para la colectividad en el Tolima.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de nulidad electoral presentada contra la elección de Abelardo De la Espriella como presidente de la República. La acción judicial busca que se revise la legalidad del acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral oficializó su elección y solicita, además, una medida cautelar para suspender la posesión mientras se resuelve el proceso.

La demanda fue interpuesta por el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, quien plantea presuntas irregularidades relacionadas con el proceso electoral. Tras verificar que el escrito cumplía los requisitos legales exigidos, el Consejo de Estado decidió admitirlo y dar inicio al trámite correspondiente, sin que ello implique una decisión sobre el fondo del caso.

Como parte del procedimiento, el despacho del magistrado ponente ordenó notificar al presidente electo, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional para que respondan a los señalamientos y aporten las pruebas que consideren pertinentes dentro del plazo establecido. Asimismo, el CNE deberá remitir la documentación relacionada con la declaratoria de elección.

El alto tribunal precisó que la admisión de la demanda corresponde únicamente al cumplimiento de los requisitos procesales y no significa que la elección haya sido anulada ni que la posesión quede suspendida automáticamente. La solicitud de medida cautelar será evaluada dentro del desarrollo del proceso judicial.

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El exalcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, solicitó a la Asamblea Departamental del Tolima un espacio para intervenir en el debate de control político convocado para analizar la situación financiera del municipio. Según indicó, conoció la realización de la sesión a través de los medios de comunicación y aseguró que no recibió una invitación para participar, pese a haber ejercido como alcalde entre 2020 y 2023.

El exmandatario manifestó su interés en presentar su versión sobre las decisiones tomadas durante su administración, especialmente las relacionadas con el recaudo de impuestos a empresas vinculadas con la construcción del túnel de La Línea. De acuerdo con su planteamiento, esos recursos fueron gestionados y destinados a la ejecución de obras para Cajamarca. En ese contexto afirmó: “Por los medios de comunicación me enteré que la Asamblea Departamental del Tolima está convocando a un debate (…) No recibí ninguna invitación”.

Vargas también señaló que, desde su perspectiva, la actual administración no continuó con el proceso de recaudo ni con la defensa de esos recursos, situación que, según considera, tiene relación con el panorama financiero que enfrenta el municipio.

El debate, que inicialmente estaba programado para esta semana, fue aplazado con el propósito de revisar nueva documentación entregada por la Alcaldía y facilitar la participación de la Contraloría del Tolima. La Asamblea espera contar en la próxima sesión con representantes del Gobierno Departamental, la administración municipal, el Concejo de Cajamarca y los organismos de control para abordar el estado de las finanzas del municipio.

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El Pacto Histórico comenzó a hacer sus proyecciones de cara a las elecciones para la Asamblea del Tolima, con el propósito de aumentar su representación en la corporación departamental. La colectividad estima que, si alcanza el respaldo suficiente en las urnas, podría pasar de una a tres curules.

Las cuentas del movimiento parten de los resultados obtenidos en procesos electorales recientes y de la expectativa de consolidar el apoyo de distintos sectores políticos y ciudadanos. Según el análisis presentado, el objetivo dependerá de lograr una votación que le permita superar la cifra repartidora y competir por un mayor número de escaños.

En la elección de 2023, el Pacto Histórico obtuvo una curul en la Asamblea del Tolima con cerca de 30 mil votos. Ahora, el escenario planteado por la colectividad contempla incrementar de manera significativa ese caudal electoral para aspirar a dos o incluso tres diputados, en un contexto donde la distribución final dependerá del comportamiento de las demás listas y de la aplicación de la cifra repartidora.

Aunque el movimiento considera posible alcanzar esa meta, el resultado estará sujeto a la votación definitiva del proceso electoral y a la distribución proporcional de las curules entre los partidos que superen el umbral establecido por la ley.

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