Tras el cierre de la jornada electoral, el mandatario recurrió a su cuenta en la red social X para advertir sobre inconsistencias entre los resultados preliminares que se difundieron y lo que, aseguró, muestran las actas en las urnas. Acompañó su denuncia con fotografías que, dijo, evidencian tachones y errores en las sumas de los formularios llenados por jurados.

“Efectivamente existe una gran diferencia entre el preconteo y los votos en las urnas», sostuvo el presidente, y anunció que llevará pruebas sobre supuestas maniobras irregulares en zonas puntuales del país. En ese sentido afirmó: “Mostraré cómo empresarios en el Valle del Cauca entrenaban a jurados de votación que hicieron inscribir para el fraude».

Se llaman mesas homogéneas de jurados. Se construyen a partir de usar jurados inscritos por empresas privadas muchas de ellas simples espejos de maquinarias políticas que realizan el fraude en la mesas. pic.twitter.com/AI8PsuEksD

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 10, 2026

Petro también insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia jurídica durante la fase de escrutinios y lanzó un llamado directo a la comunidad jurídica: “Convoco a todas y todos los abogados con experiencia a los escrutinios para acudir a todas las comisiones de escrutinio en el país». Recalcó que esa veeduría debe sostenerse hasta que se consolide el dato oficial porque, en sus palabras, “el voto se cuida hasta el último momento».

Además de la convocatoria de juristas, el jefe de Estado reiteró críticas sobre la infraestructura tecnológica empleada en el proceso electoral y sobre el uso de formularios con tachones. Fue categórico al plantear que “Debe terminar, de una vez por todas, el uso de software vulnerable y formularios con tachones que se cuentan por miles», y pidió a los partidos organizar apoyo técnico y jurídico para proteger la voluntad popular en las comisiones de escrutinio.

Entidades electorales, medios del establecimiento y otros actores públicos han salido a negar, matizar o pedir pruebas sobre las denuncias, mientras medios y observadores nacionales subrayan la importancia de revisar actas y garantizar auditorías técnicas independientes que despejen dudas y aseguren la transparencia del conteo final.

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Este domingo arrancó el Ibagué Open World Tennis Tour M15, torneo internacional que reúne a 64 tenistas provenientes de 10 países y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía e Imdri. La fase de clasificación se extenderá hasta el martes 28 de octubre, y la expectativa es alta tras el reciente W50 femenino que se realizó en la ciudad.

El director del certamen, Juan Esteban Espinel, destacó la respuesta del público en las gradas y la importancia de traer ahora la rama masculina: “Lo que se ha hecho es muy importante, luego del W50 femenino, llegan los caballeros, desde la organización han quedado sorprendidos por la respuesta del público en las graderías”.

Participan jugadores de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, República Dominicana, Perú, Venezuela y Colombia. Entre los locales, Daniel Mora competirá en la fase de clasificación y Michael Beltrán debutará en el cuadro principal el martes a las 6:00 p.m..

La organización habilitó cuatro módulos en la tribuna principal del Complejo de Raquetas con 400 sillas disponibles y abrió el parqueadero del Parque Deportivo hasta completar aforo, para que la afición pueda seguir de cerca el torneo y apoyar a los deportistas.

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El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal en dos episodios vinculados a exparamilitares: primero en el caso del excombatiente Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, y también en el episodio relacionado con Eurídice Cortes, alias “Diana”.

Según el magistrado Miguel Ángel Merchán, miembro de la Sala de Decisión Penal, la Fiscalía no logró acreditar que Uribe hubiera sido el determinador de los supuestos sobornos ofrecidos para influir declaraciones a su favor, por lo que, en estos dos capítulos, el tribunal declaró la inocencia del exmandatario.

Con estas decisiones, el Tribunal ha absuelto al expresidente en dos episodios del proceso, aunque el caso sigue teniendo otras piezas y expectativas de pronunciamientos en su desarrollo judicial.

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La veeduría nacional del Nuevo Liberalismo puso en jaque al candidato Gentil Gómez Oliveros tras detectar el uso indebido de sus símbolos en la campaña para la Alcaldía de Melgar. En un comunicado firmado por Carlos Pinilla, el partido aclara que no existe ningún pacto de coalición ni adhesión que autorice a Gómez a colgarse del reconocimiento de esta colectividad.

El oficio, que llega en plena carrera hacia las elecciones atípicas del 17 de agosto, es contundente:

El Nuevo Liberalismo “no suscribió acuerdo político de coalición o adhesión en apoyo a su candidatura” y exige el retiro inmediato de toda la propaganda que exhiba sus colores y logos, bajo apercibimiento de “iniciar acciones legales y remitir el caso al Consejo Nacional Electoral”.

Esta reprimenda tiene lugar después de que Gómez protagonizara un sonado rifirrafe interno en el liberalismo local al usar su influencia —e incluso el respaldo de la Representante Olga Beatriz González— para dejar fuera de la contienda al exconcejal Francisco Bermúdez, quien contaba con el aval local y departamental del Partido Liberal. Aquella maniobra, mal vista incluso por algunas figuras de la estructuras nacionales del partido, desembocó en un bochornoso episodio de tramoya: Gómez removió el aval rojo de Bermúdez sin consenso de las bases.

Ahora, renegar del aval de Bermúdez y, al mismo tiempo, intentar apropiarse del logo del Nuevo Liberalismo expone a Gómez como un candidato camaleónico y oportunista, capaz de torcer reglas a su conveniencia.

La disputa pone de nuevo en juego la ética de su proyecto político: un aspirante que quita apoyos a un correligionario y luego presume vínculos inexistentes con otra colectividad, ¿cómo garantizará la transparencia de su gestión?

La Contraloría electoral, la Procuraduría y el CNE tienen sobre la mesa estas denuncias. De no corregir de inmediato su campaña, Gentil Gómez podría enfrentar no solo sanciones administrativas, sino también una eventual inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En Melgar, el ruido político no amaina, lo que debía ser una contienda limpia se ha convertido en un tablero de artimañas y desplantes. El Nuevo Liberalismo ha dado la voz de alarma, si el candidato no retira el logo y aclara públicamente su falta de aval, los requerimientos judiciales estarán a la orden del día. Y con ello, su credibilidad quedaría profundamente dañada antes de llegar siquiera al tarjetón electoral.

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El Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP) anunció que, debido a los trabajos de rehabilitación en la carrera Quinta, las rutas 19, 23, 37 y 48 deberán seguir un recorrido temporal: desde la calle 65 (Popsy) tomarán la paralela de la Quinta hasta la calle 60; allí girarán hacia la carrera Sexta, continuarán por ésta hasta la calle 44 y, en la glorieta de Presto, retornarán a su ruta original por la Quinta.

Con esta medida, el SETP busca minimizar las demoras y mantener un servicio fluido durante las obras. Aquileo Medina, gerente del SETP, recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos y atender la señalización y las indicaciones del personal de tránsito. Agradeció la paciencia de la comunidad y recordó que estos ajustes son temporales, pensados para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.

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En La Calera, un pequeño municipio verde a solo 30 kilómetros de Bogotá, la disputa por el agua acaba de alcanzar un punto de ebullición. En medio de un contexto marcado por sequías, restricciones de suministro y creciente desconfianza institucional, habitantes, líderes ambientales y colectivos jurídicos se enfrentan abiertamente con la multinacional Coca-Cola FEMSA por la renovación de una concesión de uso de siete manantiales ubicada en la vereda Santa Helena, dentro de una reserva forestal.

Todo comenzó en los años 70, cuando un empresario italiano encontró un acuífero ideal para el negocio del agua embotellada. Así nació Agua Manantial, que en 1983 fue absorbida por embotelladoras de Coca-Cola y más tarde, en 1996, por la propia multinacional. Desde entonces, la planta ha operado de forma continua en la zona, produciendo actualmente más de 420.000 botellas diarias, según investigaciones del portal Vorágine.

Pero la crisis climática y las tensiones sociales han reavivado viejos reclamos. El jueves pasado, más de 250 personas participaron en una audiencia pública celebrada cerca de los nacederos. Organizaciones ambientales y comunidades locales, algunas apoyadas por colectivos de abogados de izquierda, exigieron que la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca no prorrogue la licencia. Alegan, bajo el principio de precaución, que no es tiempo para “aventuras corporativas” con recursos naturales cada vez más escasos.

Las posturas se dividen claramente. Para los críticos, el problema no es solo técnico sino simbólico: ¿cómo justificar el uso comercial de agua en una región que sufre racionamientos?. Pero expertos como el hidrólogo Armando Sarmiento, de la Universidad Javeriana, insisten en que hay desinformación en juego. Según él, la escasez que afecta a los 28.000 habitantes de La Calera se debe a la falta de lluvias sobre el embalse de Chingaza —el que abastece también a Bogotá— y no a los manantiales subterráneos explotados por Coca-Cola, que pertenecen a un sistema hídrico diferente.

También los defensores de la empresa, como Leandro Santiago, habitante de Santa Helena y beneficiario de actividades sociales de la compañía, afirman que el canal de distribución de agua en el municipio está completamente desligado del predio donde opera Manantial. Aun así, reconocen que la retribución económica que deja la multinacional —unos 1.300 millones de pesos anuales por impuestos— resulta baja frente al volumen de negocio generado. Pero, según Sarmiento, esa tasa la fija el Ministerio de Medio Ambiente, y para modificarla habría que revisar toda la normativa nacional.

Los detractores, por su parte, recuerdan que la empresa fue sancionada en 1994 por extraer más agua de la permitida y que un informe de 2010 vinculó su operación a una posible disminución del caudal. Aunque esas infracciones están documentadas, no forman parte directa de la argumentación técnica actual. Las ONG aseguran que persiste una falta de transparencia y exigen estudios más rigurosos antes de renovar la concesión.

Durante la audiencia, se escucharon voces como la de Ana Lucía Silva, quien pidió claridad sobre el impacto real de la embotelladora. Pero también quedó en evidencia que la empresa y la CAR expusieron estudios que, si bien contradictorios, mostraban la falta de consenso técnico definitivo. Para algunos expertos, solo una investigación exhaustiva y costosa podría ofrecer respuestas concluyentes.

La bióloga Brigitte Baptiste aportó un análisis más estructural: la crisis climática ha potenciado la “susceptibilidad de las comunidades”, generando respuestas emocionales que a veces son utilizadas políticamente. Según ella, algunas organizaciones “han aprovechado esa frustración para imponer una visión ideológica, sin considerar a fondo los datos científicos”.

La decisión ahora está en manos de la CAR, que deberá definir si prolonga la licencia en un entorno donde los reclamos ciudadanos, la presión de ONG, la presencia de intereses económicos multinacionales y las lagunas técnicas hacen del caso un reflejo de las tensiones ambientales contemporáneas en Colombia.

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