En medio de una crisis hídrica y una creciente desconfianza, habitantes y ambientalistas enfrentan a la embotelladora FEMSA por la prórroga de su concesión en una reserva natural.

En La Calera, un pequeño municipio verde a solo 30 kilómetros de Bogotá, la disputa por el agua acaba de alcanzar un punto de ebullición. En medio de un contexto marcado por sequías, restricciones de suministro y creciente desconfianza institucional, habitantes, líderes ambientales y colectivos jurídicos se enfrentan abiertamente con la multinacional Coca-Cola FEMSA por la renovación de una concesión de uso de siete manantiales ubicada en la vereda Santa Helena, dentro de una reserva forestal.

Todo comenzó en los años 70, cuando un empresario italiano encontró un acuífero ideal para el negocio del agua embotellada. Así nació Agua Manantial, que en 1983 fue absorbida por embotelladoras de Coca-Cola y más tarde, en 1996, por la propia multinacional. Desde entonces, la planta ha operado de forma continua en la zona, produciendo actualmente más de 420.000 botellas diarias, según investigaciones del portal Vorágine.

Pero la crisis climática y las tensiones sociales han reavivado viejos reclamos. El jueves pasado, más de 250 personas participaron en una audiencia pública celebrada cerca de los nacederos. Organizaciones ambientales y comunidades locales, algunas apoyadas por colectivos de abogados de izquierda, exigieron que la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca no prorrogue la licencia. Alegan, bajo el principio de precaución, que no es tiempo para “aventuras corporativas” con recursos naturales cada vez más escasos.

Las posturas se dividen claramente. Para los críticos, el problema no es solo técnico sino simbólico: ¿cómo justificar el uso comercial de agua en una región que sufre racionamientos?. Pero expertos como el hidrólogo Armando Sarmiento, de la Universidad Javeriana, insisten en que hay desinformación en juego. Según él, la escasez que afecta a los 28.000 habitantes de La Calera se debe a la falta de lluvias sobre el embalse de Chingaza —el que abastece también a Bogotá— y no a los manantiales subterráneos explotados por Coca-Cola, que pertenecen a un sistema hídrico diferente.

También los defensores de la empresa, como Leandro Santiago, habitante de Santa Helena y beneficiario de actividades sociales de la compañía, afirman que el canal de distribución de agua en el municipio está completamente desligado del predio donde opera Manantial. Aun así, reconocen que la retribución económica que deja la multinacional —unos 1.300 millones de pesos anuales por impuestos— resulta baja frente al volumen de negocio generado. Pero, según Sarmiento, esa tasa la fija el Ministerio de Medio Ambiente, y para modificarla habría que revisar toda la normativa nacional.

Los detractores, por su parte, recuerdan que la empresa fue sancionada en 1994 por extraer más agua de la permitida y que un informe de 2010 vinculó su operación a una posible disminución del caudal. Aunque esas infracciones están documentadas, no forman parte directa de la argumentación técnica actual. Las ONG aseguran que persiste una falta de transparencia y exigen estudios más rigurosos antes de renovar la concesión.

Durante la audiencia, se escucharon voces como la de Ana Lucía Silva, quien pidió claridad sobre el impacto real de la embotelladora. Pero también quedó en evidencia que la empresa y la CAR expusieron estudios que, si bien contradictorios, mostraban la falta de consenso técnico definitivo. Para algunos expertos, solo una investigación exhaustiva y costosa podría ofrecer respuestas concluyentes.

La bióloga Brigitte Baptiste aportó un análisis más estructural: la crisis climática ha potenciado la “susceptibilidad de las comunidades”, generando respuestas emocionales que a veces son utilizadas políticamente. Según ella, algunas organizaciones “han aprovechado esa frustración para imponer una visión ideológica, sin considerar a fondo los datos científicos”.

La decisión ahora está en manos de la CAR, que deberá definir si prolonga la licencia en un entorno donde los reclamos ciudadanos, la presión de ONG, la presencia de intereses económicos multinacionales y las lagunas técnicas hacen del caso un reflejo de las tensiones ambientales contemporáneas en Colombia.