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Publicado jueves, Jul 17

Concesión deja parqueaderos deportivos en manos privadas por 11 años

Sin aval del Concejo, IMDRI firma contrato para que Unión Temporal Parking A&S administre el 80 % de los ingresos de los parqueaderos del Parque Deportivo y la Unidad 42.

En medio de cuestionamientos sobre su legalidad y conveniencia, la Alcaldía de Ibagué, a través del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), firmó el Contrato 341 de 2025 con la Unión Temporal Parking A&S para explotar los parqueaderos del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42 por 11 años. El acuerdo, que no pasó por estudio ni aprobación del Concejo Municipal, entrega a la empresa privada el 80 % de los ingresos, relegando al Imdri al 20 % restante.

El contrato concede a Parking A&S el manejo exclusivo de cerca de 1.200 espacios de parqueo, con horarios de funcionamiento de 6 a.m. a 10 p.m. entre semana (en el Parque Deportivo) y 24 horas al día en la Unidad Deportiva. A cambio, la empresa debe realizar adecuaciones, señalización, limpieza, instalación de cámaras, sistemas de control de acceso, software, mobiliario y mecanismos de atención al usuario. La recaudación se divide mensualmente: la empresa retiene la mayor parte, mientras el Imdri recibe su porcentaje en un plazo máximo de 12 días hábiles tras cada corte.

Viejos socios, nuevos favores

La Unión Temporal Parking A&S está representada por Diana Camila Troncoso Álvarez, quien ya mantiene contratos con el IBAL —por más de $382 millones— para servicios tecnológicos. Esta continuidad de contrataciones ha generado señalamientos de conflicto de interés y favoritismos dentro de la administración municipal. Además, la supervisión del contrato quedó a cargo de Felipe Roberto La Rota García, gerente del Imdri, quien también suscribió el acuerdo en nombre de la entidad.

Frente a la creciente indignación pública, la comunidad exige al Concejo Municipal que cite a los responsables del Imdri y analice el contrato. Algunos concejales advierten que podrían explorar vías de nulidad o requerir una auditoría por parte de la Contraloría, ante la omisión de los trámites de viabilidad y el reparto desigual de recursos.

Mientras tanto, la alcaldesa Johana Aranda mantiene silencio sobre los aspectos financieros del acuerdo y se ha limitado a ratificar que los deportistas y entrenadores no pagarán parqueadero, sin precisar cómo afectará esto a la concesión en marcha.