Una organización de derechos humanos alertó sobre posibles ataques a población campesina en zona fronteriza, mientras una investigación internacional cuestiona que el objetivo fuera un campamento ilegal.

Una grave denuncia encendió las alarmas en Ecuador tras un informe de la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, que señala que militares habrían realizado bombardeos en zonas habitadas por población civil entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, en medio de una operación denominada “Exterminio Total”.

Según el documento, las acciones no solo incluyeron el uso de explosivos, sino también la destrucción de viviendas, infraestructura productiva y bienes de trabajo en la localidad de San Martín, en el norte del país, cerca de la frontera con Colombia. Además, se denuncian detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura contra campesinos.

De acuerdo con los testimonios recogidos, varias personas habrían sido golpeadas, sometidas a descargas eléctricas y amenazadas de muerte luego de ser retenidas por uniformados sin ser puestas a disposición de autoridades judiciales.

A estas denuncias se suma una investigación del diario The New York Times, que pone en entredicho la versión oficial del operativo. Según el reportaje, el lugar que habría sido atacado no correspondería a un campamento de narcotráfico, como sostienen autoridades de Ecuador y Estados Unidos, sino a una finca dedicada a la ganadería y producción de lácteos.

El informe periodístico, basado en entrevistas con habitantes y trabajadores de la zona, recoge además la versión del propietario del predio, quien negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguró que el terreno tenía un uso exclusivamente productivo.

Tanto la ONG como la investigación coinciden en que antes del bombardeo se habrían presentado acciones militares en tierra. Habitantes relataron la llegada de helicópteros, interrogatorios, incendios de estructuras y agresiones físicas contra civiles, lo que sugiere un patrón de intervención previo al ataque aéreo.

Las denuncias también incluyen disparos en cercanías de la población y amenazas contra líderes comunitarios que intentaron verificar lo ocurrido, lo que ha incrementado la preocupación en la zona.

Frente a estos hechos, la organización de derechos humanos advirtió que podrían configurarse violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente por el impacto sobre población civil. Recordó que incluso en operaciones contra el crimen organizado, los Estados deben respetar principios como la distinción, proporcionalidad y precaución.

Asimismo, insistió en que la tortura está prohibida bajo cualquier circunstancia y pidió la apertura de investigaciones independientes que permitan esclarecer lo sucedido.

Finalmente, la ONG hizo un llamado a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para que acompañen el caso y hagan seguimiento a la situación en la frontera norte del país.