La Corte Suprema desestimó la prescripción del caso que vincula al actual jefe de la cartera laboral con la adjudicación directa del Hospital de Usme en 2009, en medio del escándalo del “carrusel de la contratación”.

La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una decisión que sacude el panorama político: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, deberá responder ante un juez penal por su presunto vínculo con el escándalo conocido como el “carrusel de la contratación”. La Sala de Primera Instancia negó la solicitud de prescripción interpuesta por su defensa, lo que deja el camino claro para que el proceso avance a juicio.

El caso se remonta a 2009, cuando el hoy ministro era una figura influyente en Bogotá. Según la investigación, habría intervenido para favorecer la adjudicación directa de la construcción del nuevo Hospital de Usme a un contratista que más adelante fue condenado por irregularidades. Se alega que esa adjudicación benefició al contratista a cambio de una coima equivalente al 10 % del valor del contrato.

El carrusel fue uno de los escándalos más resonantes en la capital, implicando a múltiples funcionarios y contratistas en redes de corrupción. Ahora, Sanguino está oficialmente en el ojo del huracán judicial y deberá comparecer ante la Corte por los hechos que le imputan.

El ministro ha afirmado categóricamente su inocencia desde el primer día, y su defensa mantiene que no existieron irregularidades. Aún así, el tribunal ya está preparando los elementos para que este caso, crucial para el país, sea debatido y decidido en la justicia.

Con esta resolución, la Corte aboga por aclarar si, en efecto, hubo una actuación indebida de un alto funcionario, o si se trata de acusaciones infundadas. Lo que está en juego no es solo el futuro político de Sanguino, sino parte de la lucha contra la corrupción en Colombia.