La Fiscalía imputó cargos a Luis Gabriel Pérez Rivera por presuntas irregularidades en contratos de alimentos e insumos médicos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Luis Gabriel Pérez Rivera, exalcalde de Cunday (Tolima) durante el período 2020-2023, por su presunta participación en irregularidades detectadas en tres contratos suscritos para atender la emergencia por la pandemia de COVID-19.
El ente investigador también imputó cargos contra Henry Vásquez Sánchez, entonces secretario de despacho de la Alcaldía, y los contratistas Henry Smith Guzmán Triana y Germán Torres Pedreros, quienes habrían participado en la contratación y ejecución de los contratos en cuestión.
Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, los imputados enfrentan cargos por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en provecho propio y de terceros, y falsedad en documento privado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y la investigación continúa.
Contratos bajo la lupa
- Contrato de transporte de fríjol – $60 millones
El 19 de marzo de 2020, la Alcaldía de Cunday firmó un contrato por $60 millones para el transporte de varias cargas de fríjol, destinadas a familias de la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa contratada, representada por Henry Smith Guzmán Triana, no tenía experiencia en el transporte de alimentos y, además, se habrían utilizado documentos falsos para justificar los gastos.
- Contrato de suministro de alimentos – $75 millones
Un segundo contrato, firmado el 26 de marzo de 2020, tenía un valor de $75 millones y buscaba garantizar el suministro de 125 kilos de fríjol para la población en situación de vulnerabilidad. Este acuerdo fue adjudicado a Germán Torres Pedreros, representante de una fundación que, según la Fiscalía, nunca intervino en la entrega de los productos. En su lugar, la ejecución del contrato fue asumida directamente por la Alcaldía, sin seguir los procedimientos establecidos.
- Contrato de compra de termómetros – $8,6 millones
El tercer contrato, también firmado el 26 de marzo de 2020, tenía como propósito la compra de 15 termómetros digitales infrarrojos por un valor de $8,6 millones. Sin embargo, peritos del CTI determinaron que los dispositivos adquiridos eran termómetros industriales, no aptos para medir temperatura humana. Además, la empresa contratada se dedicaba a la venta de internet de banda ancha, lo que levantó sospechas sobre su idoneidad para proveer estos insumos médicos.
Los investigadores también encontraron que en este contrato no se realizó un estudio de necesidad, ni se especificaron las características técnicas de los termómetros, lo que sugiere una posible sobrevaloración y direccionamiento del contrato.
Avances del proceso y medidas judiciales
La Fiscalía indicó que la investigación sigue en curso y que en los próximos días se determinará si se solicitarán medidas restrictivas de la libertad para los implicados.
Las autoridades han señalado que estos casos de corrupción en contratos de emergencia durante la pandemia han sido una de las principales líneas de investigación en el país, debido a las múltiples denuncias sobre sobrecostos, irregularidades en la contratación y entrega de productos defectuosos en diferentes municipios.
Por ahora, la defensa de los acusados ha solicitado tiempo para revisar las pruebas y preparar su estrategia legal. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que cuenta con pruebas documentales y testimoniales que sustentan la acusación.
Este caso se suma a una larga lista de irregularidades detectadas en la contratación pública en Colombia durante la emergencia sanitaria, lo que ha llevado a la imputación de varios exalcaldes y funcionarios públicos por mal manejo de los recursos destinados a la pandemia.
