La Universidad del Tolima puso en funcionamiento un nuevo Estudio de Televisión y la Unidad de Virtualidad, proyectos entregados por el rector Omar A. Mejía Patiño a la comunidad universitaria. Las dos iniciativas amplían las capacidades de la institución en materia académica, tecnológica y comunicativa.

El Estudio de Televisión contó con una inversión superior a los $800 millones y dispone de equipos especializados para producción audiovisual, entre ellos cámaras, lentes, sistemas de iluminación y audio, teleprompter, mezcladores, herramientas de grabación y transmisión, además de sistemas para almacenamiento y procesamiento de información.

El espacio también fue diseñado como escenario de formación práctica para estudiantes y como apoyo a actividades de docencia, investigación, creación y extensión. Además, permitirá desarrollar contenidos informativos, educativos, científicos y culturales, así como fortalecer la articulación con Radio Universidad del Tolima y otras áreas relacionadas con la comunicación institucional.

Por otra parte, la Unidad de Virtualidad estará orientada a respaldar los procesos académicos mediante el uso de tecnologías y al desarrollo de recursos y ambientes educativos virtuales. La iniciativa busca ampliar las posibilidades de formación y facilitar el acceso al conocimiento a nuevas poblaciones y territorios.

La entrega de ambos proyectos se realizó dos días antes de finalizar el periodo rectoral de Omar A. Mejía Patiño. Durante la jornada, el rector resaltó la importancia de dejar capacidades instaladas que puedan continuar desarrollándose en la Universidad del Tolima y reconoció la participación de estudiantes, profesores, graduados, directivos y equipos administrativos, financieros, técnicos y operativos.

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La estrategia implementada por la Alcaldía de Ibagué para fortalecer la seguridad de los taxistas mediante botones de pánico no habría alcanzado los resultados previstos. La instalación de estos dispositivos comenzó en febrero de 2025 y, según el gremio, persisten dificultades relacionadas con su divulgación y funcionamiento.

Con la fase más reciente del programa, se instalaron cerca de 1.200 botones de pánico en vehículos de servicio público. Sin embargo, esta cifra representa una parte del total de taxis de la ciudad, cuyo parque automotor está conformado por 3.061 vehículos.

Los representantes del gremio también advierten que existe desconocimiento sobre el procedimiento para activar y atender las alertas. “Se comprometen a socializar (…) pero resulta que realmente no terminan ejecutando las acciones para que se logre realmente el propósito”, señaló Jair Ninco, líder taxista en la ciudad.

El mecanismo activa una luz roja ubicada en la parte superior del taxi cuando se presiona el botón, con el propósito de advertir sobre una posible situación de riesgo. No obstante, la señal puede pasar desapercibida debido a que algunos ciudadanos y conductores no conocen su significado. “Desafortunadamente, a veces tarda la atención por parte de la comunidad pues no tienen conocimiento”, afirmó Ninco.

El gremio plantea que el sistema requiere una mayor articulación con la Policía, las comunidades y los conductores, además de redes de apoyo y cámaras comunitarias. Según los taxistas, esta coordinación permitiría mejorar la respuesta ante las alertas y evitar que la atención dependa únicamente de que un ciudadano identifique la señal y decida reportarla.

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La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 482 de Cámara, mediante el cual se plantea actualizar los sistemas relacionados con el comercio exterior en Colombia y establecer otras disposiciones. La iniciativa continuará ahora su trámite en el Senado de la República.

El proyecto es de autoría del representante John Jairo Berrío, quien señaló que “esta es una ley que está esperando el sector exportador colombiano”. También indicó que Colombia presenta un rezago en la modernización de los sistemas informáticos de las aduanas y recordó que desde 2016 se han planteado intentos para avanzar en este proceso.

Berrío agregó que “vamos de prórroga en prórroga y ahora con esta ley que esperamos sea aprobada en el Senado de la República, lo que queremos es que con la fuerza de la ley el Estado colombiano por fin actualice los sistemas informáticos de la DIAN”.

Por su parte, el representante Heiner de Jesús Gaitán, uno de los ponentes, destacó la importancia de la iniciativa para la cadena productiva y para los productores que llevan sus bienes al exterior, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

El coordinador ponente, Alejandro Murcia, calificó la aprobación como un primer paso hacia nuevas modificaciones de las plataformas tecnológicas del país. Además, señaló que el objetivo es avanzar en sistemas que permitan agilizar los procesos. En la misma sesión, la plenaria aprobó también el proyecto relacionado con la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Simití, en Bolívar.

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La Cámara de Comercio de Ibagué dio a conocer el Censo Empresarial que reúne a las 1.050 empresas habilitadas para participar en las elecciones de Junta Directiva que se llevarán a cabo durante diciembre de 2026. El listado está disponible para consulta en la página web de la entidad, donde los afiliados pueden verificar si cumplen las condiciones para participar.

Los empresarios habilitados tendrán a su cargo la elección de los comerciantes que conformarán la nueva Junta Directiva, siempre que estos cumplan con los requisitos establecidos. Este organismo es el máximo órgano de la Cámara de Comercio y entre sus funciones están la definición de políticas, la planeación y el seguimiento a la gestión institucional.

La Junta Directiva también tiene entre sus responsabilidades designar al presidente ejecutivo y aprobar modificaciones a los estatutos. Sus integrantes, sin embargo, no pueden asumir labores de coadministración de la entidad.

De manera paralela, la Cámara de Comercio publicó los términos de referencia para seleccionar al Revisor Fiscal correspondiente al periodo 2027-2030. Este cargo tendrá funciones de fiscalización independiente, entre ellas verificar el cumplimiento de las normas y estatutos, revisar la contabilidad y evaluar la confiabilidad de la información financiera, además de emitir dictámenes sobre los estados financieros y reportar eventuales irregularidades.

Las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal están programadas para la primera semana de diciembre de 2026. Los nuevos integrantes de la Junta asumirán sus funciones en la primera reunión del organismo, prevista para enero de 2027, cuando comenzará el periodo institucional 2027-2030.

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La emergencia por incendios forestales continúa en diferentes zonas del Tolima, donde el Ejército Nacional mantiene un despliegue de personal y equipos para apoyar las labores de control. Actualmente, más de 150 soldados participan en las acciones desarrolladas en varios municipios del departamento.

El operativo cuenta con integrantes de la Sexta Brigada, la Brigada de Atención y Prevención de Desastres y unidades de Ingenieros Militares. Las labores se concentran en Carmen de Apicalá, Cunday, Suárez, Villahermosa, Venadillo y Chaparral, donde permanecen activos distintos focos de incendio.

Además del trabajo en tierra, la Aviación del Ejército adelanta operaciones con aeronaves dotadas del sistema Bambi Bucket, utilizado para realizar descargas de agua sobre las áreas afectadas. Según la institución, estas acciones ya acumulan más de 70 horas de vuelo, incluyendo jornadas diurnas y nocturnas.

La atención de los incendios se realiza de manera articulada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía del Tolima. Las autoridades mantienen las operaciones mientras avanzan los trabajos dirigidos a controlar los focos que continúan activos y disminuir la afectación sobre las comunidades y zonas comprometidas.

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Comfenalco Tolima conmemoró sus 68 años de trayectoria con una serie de actividades dirigidas a sus afiliados y sus familias. En el marco de la celebración, la entidad dio a conocer los principales resultados alcanzados durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con las cifras presentadas, actualmente la Caja cuenta con 132.326 trabajadores afiliados, de los cuales el 93 % corresponde a las categorías A y B. Al incluir trabajadores, beneficiarios, pensionados e independientes, el número total de afiliados asciende a 277.609.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de empresas vinculadas. Comfenalco Tolima pasó de registrar 10.786 empresas afiliadas en 2024 a 12.301 en 2026, lo que representa 1.515 nuevas empresas vinculadas durante ese periodo.

En el aspecto financiero, la entidad reportó remanentes por $6.291 millones durante 2025, frente a los $6.002 millones registrados en 2024. Según estas cifras, se presentó un incremento del 4,8 %.

Asimismo, Comfenalco Tolima señaló que actualmente concentra el 70 % del mercado de cajas de compensación del departamento. La celebración de su aniversario contempla más de 30 actividades en diferentes municipios del Tolima, dirigidas principalmente a afiliados y sus familias.

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La recuperación del espacio público en la carrera Tercera de Ibagué continúa con un proceso de caracterización de los vendedores informales que desarrollan sus actividades comerciales en este corredor. La Administración Municipal busca establecer las condiciones de quienes permanecen en la zona y avanzar en acciones para ordenar el uso del espacio.

Kely Posada, directora de Espacio Público de Ibagué, explicó que estas actuaciones hacen parte de las medidas adelantadas por el municipio en cumplimiento de la acción popular y del plan previsto para la recuperación del sector. En este proceso también se han realizado mesas de trabajo con los comerciantes para conocer sus situaciones particulares y las dificultades que enfrentan.

Entre los aspectos que analiza actualmente la Alcaldía están la definición de horarios para las actividades comerciales, el control sobre la extensión de algunos puestos que podrían afectar la movilidad y la identificación de quienes puedan demostrar una condición de confianza legítima.

La funcionaria señaló que las decisiones deberán considerar tanto los derechos de los vendedores como las responsabilidades asociadas al uso adecuado del espacio público. También hizo un llamado a comerciantes formales e informales para evitar la ocupación indebida de calles, andenes y zonas de antejardín, con el fin de facilitar el tránsito de los ciudadanos.

“El espacio público es de todos, pero no es para todos”, enfatizó Posada, quien además planteó la importancia de fortalecer la cultura ciudadana y promover una actividad comercial organizada y responsable. Mientras se definen las medidas, la Administración continuará el diálogo con los vendedores de la carrera Tercera.

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Las obras de mejoramiento del tramo 1 de la vía al Salado continúan en ejecución y, de acuerdo con el ingeniero Luis Ricardo Ortigoza, los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido. El proyecto está a cargo del Consorcio Vial Ibagué 2026 y comenzó en abril de este año.

La intervención comprende cerca de 1,5 kilómetros, entre las calles 103 y 125, correspondientes a unas 22 o 23 cuadras. Hasta el momento se han pavimentado aproximadamente 4.000 metros cuadrados y se prevé finalizar durante septiembre la pavimentación del primer sector, entre las calles 103 y 115.

Además de la recuperación de la vía, el proyecto incluye trabajos relacionados con las redes de aguas lluvias, alcantarillado y acueducto. Ortigoza señaló que la coordinación con las obras del acueducto complementario ha representado uno de los principales retos, debido a la necesidad de incorporar ajustes para la instalación de algunas redes.

La ejecución de los trabajos también ha ocasionado afectaciones temporales para residentes, comerciantes y establecimientos ubicados en el corredor vial. Según explicó el ingeniero, se han implementado acuerdos y planes de manejo de tránsito con el objetivo de disminuir estos impactos mientras continúan las obras.

Aunque el contrato tiene como fecha de finalización febrero de 2027, el consorcio proyecta que la vía pueda recuperar la transitabilidad en diciembre, siempre que se mantengan las condiciones actuales de trabajo. Después de esa etapa quedarían pendientes labores relacionadas con andenes, alumbrado público y señalización.

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Las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron este martes la discusión y votación del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. El trámite definirá la distribución de los recursos públicos para el próximo año.

El proyecto contempla un presupuesto de $634,9 billones, cifra que representa un incremento del 14,2 % frente al presupuesto vigente de 2026. Dentro de este monto, $155,4 billones corresponden al servicio de la deuda pública, mientras que $87 billones están destinados a inversión.

El pago de la deuda registra el mayor incremento, al pasar de $100,45 billones en 2026 a $155,4 billones para 2027, equivalente a un aumento del 54,7 %. Por su parte, los gastos de funcionamiento crecerían 7,3 %, hasta alcanzar $392,6 billones, recursos que incluyen obligaciones como pensiones, salud, educación y transferencias a las regiones.

En contraste, la inversión pública tendría una reducción del 2,8 %, al pasar de $89,5 billones a $87 billones. Asimismo, los ingresos corrientes de la Nación disminuirían de $322,8 billones a $299,1 billones, mientras los recursos de capital aumentarían de $176,2 billones a $281,4 billones.

Las comisiones económicas deberán definir inicialmente el monto total del presupuesto antes del 15 de septiembre. Si este primer debate avanza, la iniciativa continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

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La comunidad de la vereda La Mesa de Cucuana, en Ortega, manifestó su preocupación por la distribución de las ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por los incendios forestales registrados en el municipio. Según los habitantes, varios hogares damnificados no habrían recibido asistencia, pese a que se han reportado entregas en diferentes sectores.

José Giovanni Oyola, presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, explicó que algunos apoyos han llegado al municipio, pero, según su percepción, no han sido suficientes ni se han distribuido de manera equitativa entre las áreas rurales con mayores afectaciones.

El dirigente comunal señaló que los habitantes de su sector participaron directamente en las labores para contener el avance de las llamas y proteger las viviendas. Durante varios días, estas actividades ocuparon el tiempo de la comunidad e impidieron el desarrollo normal de sus labores cotidianas.

De acuerdo con Oyola, esta situación generó dificultades para varias familias, entre ellas problemas para acceder a alimentos durante los días de mayor impacto. Sobre la llegada de los suministros a la vereda, afirmó: “Nosotros nomás las hemos visto pasar”.

La comunidad también señaló que las condiciones de acceso a algunas zonas rurales podrían haber dificultado la distribución de las ayudas. Por ello, solicitaron que futuras entregas contemplen a las familias afectadas y a quienes participaron en las labores de control del incendio.

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