El Ministerio Público de Guatemala acusa a la fiscal general de Colombia y al embajador en el Vaticano de haber negociado acuerdos irregulares con Odebrecht y solicita a Interpol circulares rojas para su captura y posterior extradición.

Durante su dirección en la CICIG, Iván Velásquez (2013-2017) y Luz Adriana Camargo (2014-2017) encabezaron investigaciones emblemáticas en Guatemala, como el caso “La Línea”, que condujo a la renuncia y condena del expresidente Otto Pérez Molina, además de procesar a otros exmandatarios, ministros y altos mandos militares. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) publicó este lunes que ambos habrían negociado acuerdos fuera de la ley con la constructora brasileña Odebrecht mientras formaban parte de la comisión investigativa.

Según la acusación, Velásquez, entonces jefe de la CICIG, y Camargo, responsable del área de investigación y litigio estratégico, pactaron convenios con directivos de Odebrecht sin amparo legal en el sistema guatemalteco. La FECI sostiene que estos acuerdos favorecieron indebidamente a la empresa en proyectos como una carretera de 140 kilómetros pagada parcialmente con fondos públicos—unos US$255 millones—que nunca llegó a construirse, generando un perjuicio aproximado de 3.000 millones de quetzales (alrededor de US$390 millones).

El fiscal Rafael Curruchiche, figura clave de la FECI y mano derecha de la fiscal general Consuelo Porras—ambos señalados en listas de “actores corruptos” por EE. UU. y la Unión Europea—presentó la acusación, respaldada por entre 3.000 y 4.000 pruebas que incluyen correos electrónicos de 2017, grabaciones, testimonios y la confesión de un testigo protegido. Además de Velásquez y Camargo, el expediente menciona a otros 24 exfuncionarios de la CICIG y del Ministerio Público guatemalteco como presuntos responsables.

Con base en estas imputaciones, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal autorizó la emisión de órdenes de captura internacionales y solicitó la extradición de ambos. Interpol recibió la petición de activar una circular roja para detenerlos en cualquier país con el objetivo de remitirlos a Guatemala.

Tanto el gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, como el Ejecutivo de Colombia, coincidieron en rechazar las órdenes de detención. Arévalo calificó las medidas de “arbitrarias” y violatorias del Acuerdo entre la ONU y Guatemala que dio origen a la CICIG. Por su parte, Gustavo Petro defendió públicamente a Velásquez y Camargo, señalando que estas acciones “obedecen al crimen y no a las ciudadanías” y buscan amedrentar a quienes combatieron la corrupción.

En un mensaje en X, Velásquez se declaró víctima de una campaña impulsada por actores señalados de corrupción, entre ellos Curruchiche y Porras: “La corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche — designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea — extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.

Estas órdenes de captura emergen en un contexto de fuertes tensiones entre la CICIG y el gobierno guatemalteco. En 2017, el presidente Jimmy Morales intentó expulsar a Velásquez, y en 2018 no se renovó el mandato de la comisión, lo que provocó protestas y el cierre definitivo del organismo en 2019. Tras su desaparición, varios fiscales vinculados al anterior gobierno protagonizan ahora un pulso con el Ejecutivo de Arévalo, acusado de querer restituir la lucha contra la impunidad.

Organizaciones internacionales y medios locales advierten que muchos de los investigados por la CICIG han regresado a posiciones de poder, influyendo en el rumbo de la justicia guatemalteca. Desde el cierre de la comisión, el Ministerio Público ha enfrentado señalamientos de persecuciones a jueces, defensores de derechos humanos y periodistas, algunos de los cuales han tenido que exiliarse. Así, la nueva imputación contra Velásquez y Camargo es vista por analistas como parte de una disputa más amplia que enfrenta a fuerzas contrarias a la memoria de la CICIG y a quienes defienden la rendición de cuentas en Guatemala.