La suspensión se da luego de revelarse una parranda dentro del penal; autoridades abren investigaciones y toman medidas disciplinarias

El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de diálogo sociojurídico que venía adelantando con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, luego del escándalo desatado por una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí que terminó encendiendo todas las alarmas sobre el control en estos centros de reclusión.

La decisión se conoció tras la confirmación de una parranda vallenata dentro del penal, en la que estuvo presente el cantante Nelson Velásquez, un hecho que, según aclararon las autoridades, no contaba con ningún tipo de autorización oficial. La situación llevó a una reacción inmediata del Ministerio de Justicia y del Inpec, que iniciaron investigaciones internas para establecer responsabilidades.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión de los acercamientos mientras se esclarecen los hechos. En paralelo, el Inpec ordenó la salida temporal del director del centro penitenciario y la suspensión de siete funcionarios que estarían involucrados en el ingreso irregular del artista y la realización del evento.

Desde el Gobierno se insistió en que lo ocurrido no hace parte de las condiciones ni de las garantías pactadas dentro del proceso de diálogo. Por eso, la delegación encargada de la llamada Paz Urbana rechazó lo sucedido y dejó claro que las conversaciones quedan en pausa hasta que haya claridad total sobre lo ocurrido.

A la par, nuevas revelaciones aumentaron la polémica. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, aseguró que la celebración habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiados presuntamente por cabecillas recluidos en el penal. Según la denuncia, el dinero se habría distribuido entre presentaciones musicales, licor y logística, en una jornada que se extendió durante varias horas dentro de un pabellón de máxima seguridad.

El episodio no solo provocó consecuencias administrativas inmediatas, sino que también reabrió el debate sobre quién ejerce realmente el control dentro de las cárceles del país, en un contexto donde el Gobierno intenta avanzar en estrategias de diálogo con estructuras criminales.