El gobierno chileno de ultraderecha inició obras en el norte del país para frenar la migración irregular, en medio de críticas por el impacto en derechos humanos y comparaciones con medidas radicales.

El gobierno del presidente José Antonio Kast puso en marcha la construcción de barreras físicas en la frontera entre Chile y Perú, una medida que ha generado controversia tanto a nivel regional como internacional por su enfoque frente a la migración.

Las obras, que se concentran en la zona de Arica, hacen parte del llamado “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que incluye zanjas, muros, cercos y vigilancia militar en puntos considerados críticos para el ingreso irregular de migrantes.

Según ha explicado el propio mandatario, la iniciativa busca cerrar rutas utilizadas en los últimos años por miles de personas. “Hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular”, afirmó durante la supervisión del inicio de los trabajos.

El despliegue contempla maquinaria pesada, presencia de las Fuerzas Armadas y la instalación de infraestructura para reforzar el control en pasos fronterizos como Chacalluta, entre Arica y Tacna.

La medida responde a un endurecimiento de la política migratoria del nuevo gobierno, que ha planteado reducir drásticamente el ingreso irregular al país y reforzar la seguridad en la zona norte, en medio de un aumento de flujos migratorios en los últimos años.

Sin embargo, la decisión ha encendido alertas. Desde Perú, autoridades han advertido que tomarán medidas si la intervención afecta la seguridad o dinámica fronteriza, mientras organizaciones sociales han cuestionado el impacto que podría tener sobre los derechos de las personas migrantes.

El proyecto también ha sido comparado con políticas migratorias implementadas en otros países, por su enfoque basado en barreras físicas y control territorial.

En paralelo, el gobierno de Kast enfrenta críticas internas por otras decisiones adoptadas en sus primeros días, como la reversión de medidas ambientales y gestos simbólicos que han sido interpretados por la poblacion chilena como cercanos a posturas de la dictadura de Augusto Pinochet.