Santiago Hurtado quedó en libertad provisional tras superar el plazo legal para iniciar el juicio; el caso, que conmocionó a Ibagué, sigue en trámite mientras crece la indignación por las demoras.

El Juzgado Segundo de Control de Garantías de Ibagué decretó la libertad provisional de Santiago Hurtado González, uno de los dos procesados por el feminicidio de la estudiante Sharit Ciro Parra, porque no se inició el juicio oral dentro del plazo legalmente previsto. Hurtado afronta cargos por feminicidio y hurto calificado agravado, pero continuará el proceso en libertad sujeto a medidas no privativas como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante la autoridad cuando sea requerido.

El caso tiene su origen en la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Sharit, de 19 años, reportada el 8 de marzo en Ibagué; según las autoridades, la joven fue citada con una supuesta oferta laboral y fue encontrada con heridas de arma blanca, motivo por el cual la Fiscalía calificó desde el principio el hecho como feminicidio agravado. Tras las investigaciones se capturaron dos presuntos implicados, entre ellos Hurtado y Brandón Andrés Archila Cruz —alias “El Zarco”—, quien días antes también había recuperado la libertad por vencimiento de términos.

La libertad por vencimiento de términos obedece a reglas procesales previstas en la normativa penal colombiana: cuando no se inicia el juicio oral dentro del plazo que fija la ley (típicamente 120 días en los supuestos aplicables, salvo excepciones), la defensa puede solicitar la libertad del procesado y el juez debe resolverlo. En este expediente la defensa sostuvo que habían transcurrido cerca de 160 días sin iniciarse la etapa de juicio, petición que la Fiscalía no objetó en la audiencia.

La decisión generó rechazo y preocupación entre colectivos de mujeres, la comunidad académica y la familia de la víctima, que han exigido agilidad en las investigaciones y medidas para evitar que retrasos procesales obstaculicen la justicia. Autoridades locales y colectivos han llamado a garantizar el avance del trámite judicial y a no dilatar la etapa de juzgamiento para que el caso continúe su curso con las garantías procesales correspondientes.