Mientras se insiste en su extradición desde el Reino Unido, autoridades en Colombia rastrean nuevos envíos de alimentos contaminados que ampliarían el alcance del caso.

El caso de Zulma Guzmán sigue escalando en gravedad. En medio del proceso para lograr su extradición, las autoridades colombianas abrieron nuevas líneas de investigación tras detectar otros envíos de alimentos que habrían sido contaminados con talio y dirigidos a más posibles víctimas.

La alerta surge mientras el Ministerio de Justicia refuerza las gestiones diplomáticas para acelerar su regreso al país. El jefe de esa cartera, Jorge Iván Cuervo, pidió a la Cancillería elevar ante el Gobierno británico la prioridad del caso, argumentando la necesidad de evitar dilaciones que afecten el proceso judicial.

“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación avanza en el análisis de nuevas evidencias que apuntan a una posible ampliación del número de víctimas. Según revelaciones conocidas recientemente, se habrían identificado al menos tres envíos adicionales dirigidos a dos mujeres, entre ellas una familiar cercana de la investigada.

Los elementos recolectados indican que los alimentos habrían sido enviados a través de plataformas, repitiendo un patrón similar al que se investiga en el caso inicial. Este detalle ha llevado a los investigadores a evaluar si se trata de una conducta sistemática.

Además, en el expediente ya se habla de la posible participación de otra persona que habría colaborado en la planeación de los envíos, lo que abre una nueva arista dentro del proceso penal.

Desde el Ministerio de Justicia también se insiste en la necesidad de que Guzmán comparezca ante las autoridades colombianas. En la misma comunicación oficial, se advierte que su presencia en el país “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, dada la gravedad de los hechos que involucran la muerte de dos menores en Bogotá.

Entre tanto, voceros de la cartera han reiterado que se busca “evitando a toda costa que haya impunidad”, aunque reconocen que la decisión final sobre la extradición depende de las autoridades del Reino Unido.

Mientras avanza el proceso, el caso sigue generando preocupación por la posibilidad de que existan más víctimas y por el alcance que podría tener este tipo de hechos en el país.