Un juzgado de Bogotá le dio cinco días a la senadora para ofrecer disculpas públicas tras considerar que sus declaraciones no fueron opiniones, sino afirmaciones que vulneran derechos de las víctimas.

Un fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá ordenó a la senadora María Fernanda Cabal rectificar públicamente declaraciones en las que vinculó a la Unión Patriótica con grupos armados ilegales. La decisión le da un plazo de cinco días para emitir disculpas por considerar que sus palabras afectaron los derechos de las víctimas de ese movimiento político.

La acción judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo, luego de que la congresista afirmara en una entrevista que «la Unión Patriótica fue el brazo político de las FARC» y que ese partido «estaba avalando los crímenes de las FARC, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento».

Durante el proceso, Cabal defendió sus declaraciones argumentando que hacían parte de su libertad de expresión en el marco del debate político. Sin embargo, la jueza concluyó que no se trató de simples opiniones, sino de afirmaciones que atribuyen hechos graves y que pueden afectar la honra y la memoria de las víctimas.

El fallo subraya que, por su condición de senadora y por el contexto en el que se dieron sus declaraciones, sus palabras tienen un peso institucional mayor, lo que implica responsabilidades frente a la protección de derechos fundamentales.

La orden judicial establece que Cabal debe «presente una disculpa pública y precise que en dicha oportunidad se incurrió en error al haber efectuado manifestaciones sobre aspectos respecto del partido político Unión Patriótica que resultan lesivos de los derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación integral de las víctimas», y que dicha rectificación debe hacerse por los mismos canales en los que difundió sus afirmaciones.

El caso también revive el debate sobre el exterminio de la Unión Patriótica, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un hecho en el que el Estado colombiano tuvo responsabilidad internacional, según una sentencia emitida en 2022.

Desde la Defensoría del Pueblo ya se había advertido que este tipo de discursos desconocen esa verdad judicial y pueden contribuir a la estigmatización de las víctimas. En esa línea, la defensora Iris Marín Ortiz señaló: «La historia de la Unión Patriótica recuerda cada día que el lenguaje que deslegitima, acusa o deshumaniza a opositores por sus ideas crea condiciones propicias para la violencia, la exclusión y la persecución».

Con esta decisión, la justicia colombiana fija un precedente sobre los límites del discurso político cuando este afecta derechos de víctimas en contextos de violencia histórica.