El Ministerio Público advierte que, desde finales de 2024, la Alcaldía no ha activado contratos ni convenios para las Ayudas Humanitarias Inmediatas, incumpliendo la Ley 1448 y su reforma.
La Procuraduría General de la Nación ha remitido, por tercera vez, un requerimiento formal a la alcaldesa Johana Aranda y al secretario de Desarrollo Social de Ibagué para que activen las ayudas humanitarias inmediatas (AHI) que por ley deben recibir las personas afectadas por el conflicto armado.
Según la Provincial de Instrucción de Ibagué, desde finales de 2024 el municipio no ha suscrito ningún contrato o convenio que respalde la entrega de estas ayudas, lo cual fue confirmado por la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y verificado en el sistema CIPRAT. Con esta omisión, la ciudad incumple la Ley 1448 de 2011 y su reforma mediante la Ley 2421 de 2024.
El Ministerio Público recuerda que las autoridades locales están obligadas a destinar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para implementar planes de prevención, protección, reparación integral y garantías de no repetición, así como los mecanismos propios de la justicia transicional.
