La entidad ofrece servicios gratuitos para resolver conflictos civiles y comerciales, dirigidos principalmente a personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos que cumplan los requisitos legales.
Los seis Centros de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla, registraron 1.161 acuerdos entre las partes durante 2026, según los reportes de gestión de la entidad.
En total, estos espacios contabilizaron 26.507 atenciones, 12.427 solicitudes relacionadas con conciliaciones y otros trámites, y 7.290 audiencias. De estas últimas, 499 terminaron en acuerdos en Bogotá, 203 en Medellín, 151 en Barranquilla, 129 en Bucaramanga, 107 en Cali y 72 en Villavicencio. Los datos de cinco centros corresponden al periodo de enero a septiembre, mientras que los de Barranquilla abarcan hasta mayo.
La oferta institucional permite buscar soluciones concertadas a diferencias relacionadas con deudas, incumplimientos de contratos, indemnizaciones y otros asuntos que pueden resolverse mediante conciliación, sin necesidad de iniciar un proceso judicial en todos los casos.
Los servicios están destinados principalmente a personas de estratos 1 y 2 y a quienes cuentan con especial protección constitucional, siempre que cumplan las condiciones establecidas. También pueden acceder otras personas naturales cuyas pretensiones no superen los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a cerca de 262 millones de pesos, así como determinadas entidades sin ánimo de lucro que reúnan los requisitos.
La atención se presta de forma presencial, virtual o mixta, de acuerdo con las características del servicio. Además, los centros cuentan con procedimientos de insolvencia para personas naturales no comerciantes con dificultades económicas, orientados a facilitar acuerdos de pago con sus acreedores. También ofrecen servicios relacionados con acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, contemplados en la Ley 1996 de 2019, para favorecer el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad.
