Una operación militar el 10 de noviembre dejó 19 muertos, entre ellos seis niños y adolescentes reclutados; la Defensoría recordó los límites del Derecho Internacional Humanitario y el presidente Petro defendió la medida ante el riesgo a soldados.
La Defensoría del Pueblo confirmó que seis niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados murieron durante una operación militar del pasado 10 de noviembre en zona rural del Guaviare, cuando las Fuerzas Militares atacaron posiciones de las disidencias del grupo conocido como ‘Iván Mordisco’. En la acción, que incluyó un bombardeo de gran escala, las autoridades recuperaron 19 cuerpos en el área de operaciones; además de los seis menores fallecidos, otros cuatro cuerpos siguen sin identificar.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites claros incluso en combate y que la mera presencia forzada de menores no autoriza automáticamente un ataque: las tropas deben adoptar “todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes” y respetar principios de humanidad, necesidad militar limitada y el interés superior de la niñez. Marín sostuvo que “ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y advirtió sobre la obligación de extremar medidas para proteger a estas víctimas del reclutamiento forzado.
El bombardeo, dirigido contra el frente que lidera alias Pescado, fue presentado por el Ejército como una acción contra esa estructura. Desde el gobierno se argumentó que la operación buscaba neutralizar una columna de hasta 150 combatientes que, según el informe oficial, avanzaba por la selva y podía emboscar unidades de soldados que operaban a pocos kilómetros. El reporte militar ubicó el saldo final en 19 fallecidos en la zona.
La reacción pública fue inmediata y dividida. La Defensoría y organizaciones de derechos humanos reclamaron explicaciones sobre el uso de la fuerza y el respeto al DIH; congresistas y defensores de derechos señalaron la necesidad de investigar las circunstancias que llevaron a la muerte de menores reclutados. Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro rechazó la muerte de los niños, pero defendió la operación y explicó en su cuenta de X su lectura de riesgo:
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”.
En la misma línea, el mandatario dijo que la decisión del bombardeo la tomó “a riesgo” y con la intención de salvar vidas, subrayando la dificultad de recuperar territorio sin asumir decisiones militares.
Los críticos recordaron que, en otros momentos, el propio presidente había condenado bombardeos a campamentos con presencia de menores durante administraciones anteriores; por ello, la operación reabrió el debate sobre coherencia política y límites en el uso de la fuerza cuando hay riesgo de víctimas infantiles. Otros observadores insistieron en que la fecha muestra, una vez más, la persistencia del reclutamiento forzado por parte de disidencias y la urgencia de reforzar mecanismos de prevención, protección y desescalamiento en el conflicto armado.
