La Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno tuvo reparos en el Congreso, críticos la llaman un “recaudo desesperado” y alertan sobre efectos regresivos en hogares y empresas.

El Gobierno radicó en el Congreso la llamada Ley de Financiamiento —una reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos— y varios senadores de distintos bancadas salieron a cuestionar sus efectos, sobre todo en la clase media, las empresas y la población más vulnerable.

Efraín Cepeda (Partido Conservador) calificó la iniciativa como un “recaudo desesperado” que, a su juicio, agravaría la crisis de hogares y empresas y puso en duda la capacidad del Ejecutivo para ejecutar el presupuesto disponible: “Lo que el Gobierno radicó no es un plan de equidad, es un recaudo desesperado que profundiza la crisis en los hogares y en las empresas”. Cepeda incluso cuestionó la ejecución de recursos anteriores: “¿Para qué quieren 26 billones si el año pasado no ejecutaron 80 y este año no han ejecutado 70?”.

Otras voces en el Congreso alertaron por diferentes motivos: la senadora Lorena Ríos dijo que la reforma es “profundamente regresiva” y que perjudica la labor social de las iglesias; el senador Ciro Ramírez advirtió que las medidas podrían alimentar la inflación y golpear a los más vulnerables; y el senador Juan Felipe Lemus señaló que gravar consumo cotidiano (como bebidas y transporte) repercute en sectores populares: “¿Acaso quién se monta en los buses o quiénes consumen ron, aguardiente o vino? ¿Acaso no es la gente del pueblo raso?”. Desde la bancada oficialista, Wilson Arias recordó que los efectos fiscales plenos de la reforma entrarían a regir después de 2025, por lo que sus ingresos serían percibidos ya fuera del actual periodo de gobierno.

El proyecto incluye gravámenes sobre bienes y servicios —combustibles, bebidas alcohólicas, algunos servicios digitales, actividades comerciales de organizaciones religiosas y otros— y despierta un debate político intenso: defensores insisten en que es necesario para cerrar el hueco fiscal; críticos piden recortes al gasto y mayor focalización para no cargar a la clase media y a sectores productivos