Entre el 17 y el 21 de abril, el sur del Tolima vivió una escalada de violencia: artefactos explosivos en carreteras y veredas han reverdecido el miedo en comunidades que, al mismo tiempo, enfrentan una emergencia sanitaria por fiebre amarilla.

La gobernadora Adriana Magali Matiz no ocultó su preocupación al describir los hechos como “inhumanos, crueles y absurdos”. El primer ataque se registró el 17 de abril en el corregimiento de Herrera, cuando un cilindro bomba apareció junto a la estación de Policía. Días después estallaron cargas en un puente de Gaitán y aparecieron explosivos en las veredas Icarco y Los Naranjos, este último trasladado al casco urbano de Rioblanco para su detonación controlada.

“Vivimos una situación donde la violencia y el miedo han regresado justo cuando estábamos logrando avances en infraestructura y salud. Esto nos hace retroceder veinte años en seguridad”, advirtió Matiz, quien junto a la Fuerza Pública y la Alcaldía de Chaparral confirmó el refuerzo militar en la zona.

La Policía Nacional desplegó nuevo personal, incluyendo al grupo GOES, y el Ejército envió tropas especializadas —BADRA 13 y FUDRA 5— para recuperar el control territorial. Además, la recompensa por información que lleve a la captura de alias ‘Chapolo’ subió de 70 a 100 millones de pesos. Según el coronel Diego Fernando Patiño Orozco, comandante de la Sexta Brigada, “la prioridad es neutralizar a este bandido; si se opone, se actuará con contundencia”.

En Chaparral, el alcalde Helver González Mora lamentó el impacto en la comunidad rural y estudiantil: “Algunas familias ya piensan en abandonar sus tierras. No queremos volver a los desplazamientos forzados”. González señaló que la zona del corredor entre Chaparral y Rioblanco, actualmente objeto de inversiones, es ahora disputada por estructuras residuales reforzadas con hombres del Cauca.

Las autoridades vinculan esta oleada de atentados con represalias tras golpes a bandas como las de alias ‘May’ y ‘Cancharino’. Frente a este escenario, la gobernación insiste en una respuesta integral: combinar despliegue militar con inversiones sociales y de infraestructura para blindar al sur del Tolima de la amenaza y proteger a sus habitantes.