La Alcaldía reconoció la falta de registro en SECOP tras vencimiento del contrato el 27 de enero.
La Secretaría de Movilidad de Ibagué está operando sin un contrato de arrendamiento vigente que respalde la ocupación de su sede, según admitió la propia Alcaldía.
El acuerdo que respaldaba el uso del inmueble venció el 27 de enero y, hasta ahora, no hay constancia en la plataforma oficial de contratación de un reemplazo. El caso reabre cuestionamientos sobre el manejo del millonario arrendamiento —ya objeto de críticas por prórrogas y adiciones que habrían alcanzado el tope legal— y pone sobre la mesa riesgos disciplinarios y penale, el prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal, contempla sanciones que incluyen pena privativa de la libertad y sanciones para ejercer cargos públicos si se comprueba la falta. Las dudas apuntan además al cumplimiento de principios de la contratación estatal como legalidad, planeación, transparencia y publicidad.
