Productores de arroz de todo el país, con presencia activa en Tolima, acordaron iniciar un paro nacional el próximo 2 de marzo ante la falta de respuestas estructurales del Gobierno y la caída de la rentabilidad del cultivo.

En una reunión del Comité Nacional de Paro Arrocero celebrada el 21 de febrero, los representantes del gremio resolvieron coordinar concentraciones y bloqueos a partir del 2 de marzo. Desde entonces han comenzado a organizar acciones locales en departamentos clave, entre ellos el Tolima, una de las zonas arroceras más importantes del país.

Los productores advierten que la situación viene empeorando: alrededor del 70 % de las áreas destinadas a arroz permanecen sin sembrar porque los agricultores no confían en los precios ni en las condiciones de comercialización para 2026. En el centro del conflicto están varias decisiones administrativas del Ministerio de Agricultura sobre el manejo del arroz paddy verde para el primer semestre, que los productores consideran insuficientes y favorecedoras de la industria a costa del campesino.

Otro punto caliente es el requisito que obliga a presentar paz y salvo con los distritos de riego para acceder a incentivos oficiales. Para muchos, esa condición es inalcanzable por las deudas acumuladas en medio de la crisis, lo que empuja a los agricultores hacia la desesperanza.

Las protestas incluirían cortes en corredores estratégicos y afectaciones en el transporte de carga. El anuncio cobra mayor relevancia política al ocurrir apenas seis días antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, lo que obliga a candidatos y autoridades a enfrentar el reclamo del campo en plena campaña.

Los líderes del paro insisten en que no buscan perjudicar a la ciudadanía, sino forzar soluciones que permitan sacar al sector de la espiral de pérdidas. La duración de la protesta dependerá de las señales que dé el Ejecutivo en los próximos días.

Qué piden los arroceros
• Precio justo que cubra costos de producción y garantice sostenibilidad.
• Mecanismos de apoyo financiero reales —no solo refinanciaciones— y condonaciones cuando correspondan.
• Control efectivo del contrabando y medidas comerciales que protejan al productor.
• Revisión de las condiciones para acceder a incentivos, incluida la exigencia del paz y salvo.