La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades del país para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder de manera efectiva al certificado que acredita su condición, así como a los beneficios asociados a este documento. El organismo de control advirtió que persisten dificultades en el proceso de expedición y uso de este certificado, lo que puede limitar el ejercicio de derechos de esta población.

En ese sentido, la entidad instó a las instituciones responsables a adoptar medidas que faciliten los trámites, eliminen barreras administrativas y garanticen una atención adecuada. También señaló la importancia de que el certificado sea reconocido y utilizado correctamente en los distintos servicios y programas del Estado dirigidos a personas con discapacidad.

La Procuraduría reiteró que este documento es clave para acceder a políticas públicas, servicios de salud y otros apoyos, por lo que su disponibilidad y correcta implementación resultan fundamentales para garantizar condiciones de inclusión y atención integral.

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Las intensas lluvias registradas en varios municipios de Cundinamarca han generado afectaciones en vías, viviendas y zonas rurales, lo que ha obligado a las autoridades locales a activar medidas de atención y prevención. Los organismos de gestión del riesgo han reportado emergencias como deslizamientos de tierra, inundaciones y daños en infraestructura, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad frente a las precipitaciones.

Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha acciones para atender a las comunidades afectadas, incluyendo la entrega de ayudas humanitarias y la evaluación de daños. Asimismo, se han intensificado los monitoreos en puntos críticos y se mantienen alertas preventivas para reducir riesgos adicionales. Los equipos de emergencia continúan trabajando en coordinación para mitigar el impacto de las lluvias y garantizar la seguridad de la población.

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Ante la posibilidad de que una Entidad Promotora de Salud (EPS) deje de operar en Colombia, una de las principales inquietudes de los usuarios es el destino de su información médica. De acuerdo con la normativa vigente, la custodia de las historias clínicas no recae en las EPS, sino en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que garantiza que los pacientes puedan seguir accediendo a sus datos incluso si la entidad a la que estaban afiliados cierra.

Cuando se presenta el cierre de una EPS, la Superintendencia Nacional de Salud coordina el traslado de los afiliados a otra entidad, que debe asegurar la continuidad en la atención y el acceso a la información clínica. Sin embargo, en la práctica pueden presentarse dificultades en la transferencia de datos entre instituciones, lo que podría afectar el seguimiento de tratamientos o la disponibilidad oportuna de la historia médica.

Especialistas advierten que la interoperabilidad de los sistemas de información en salud es clave para evitar estos inconvenientes. El uso de herramientas tecnológicas, como historias clínicas electrónicas compartidas, facilitaría que los datos de los pacientes estén disponibles de manera segura y continua, independientemente de cambios en la EPS, contribuyendo así a una mejor atención.

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En un acto celebrado el 11 de febrero en el sur del Tolima, el Gobierno Nacional formalizó la entrega y recuperación de 82.575 hectáreas para comunidades campesinas y constituyó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) “Chaparral, Tierra, Vida y Paz”, que abarca 72.315 hectáreas y beneficiará a 4.930 familias de 88 veredas en Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas.

Además de la ZRC, la jornada incluyó predios recuperados en San Luis (372 ha) y El Guamo (246 ha), y compras directas en Chaparral por 290 hectáreas. En materia de titulación se entregaron 1.056 títulos en Ataco (6.066 ha), 606 en Chaparral (2.809 ha), 86 en Rioblanco (418 ha) y 25 en Planadas (59 ha), sumando cerca de 1.800 títulos de propiedad rural entregados ese día.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como histórico para la región y vinculó la entrega a una larga trayectoria de lucha campesina: “Aquí en Chaparral, quizá junto a Córdoba y Sucre, comenzó, desde el punto de vista del campesinado de Colombia, una lucha en el siglo XX que se ha extendido y ahora nos acompaña aquí en el siglo XXI. La diferencia es que esta vez la lucha campesina es victoriosa y queremos que sea así”.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que el Gobierno declaró 2026 como el Año de la Justicia Agraria y subrayó el propósito de reparar vidas afectadas por la codicia: “Reclamamos justicia y exigimos que las vidas que se han cegado por la codicia sean reparadas, y que, con la verdad, le devolvamos a este país la dignidad que merecemos”. Carvajalino también explicó que la ZRC busca proyectar al Tolima como un territorio estratégico para la producción de alimentos y mencionó la Resolución 044 de 2026, que declara a Fresno, Herveo y Murillo como suelos de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Organizaciones campesinas y líderes locales celebraron la medida como un paso clave tras años de resistencia. El coordinador de la ZRC de Chaparral, Yexinober Díaz Quimbayo, afirmó que la decisión representa “el cumplimiento de un sueño y un avance en el propósito de fortalecer la Reforma Agraria, gracias a este gobierno” y pidió garantías para las comunidades y la protección de sus líderes: “Muchas gracias por estar jugándosela por nosotros, señor presidente”.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, destacó el alcance de la medida: “El sur del Tolima fue, es y siempre será de campesinos libres, de gente valiosa y rebelde que, a partir del trabajo de la tierra, ha construido el país”.

Con la formalización de los predios, las familias beneficiarias podrán acceder a créditos, programas productivos y proyectos estatales —medidas que, según las autoridades, buscan fortalecer el arraigo campesino y la economía rural en una zona que durante décadas sufrió violencia y pobreza. Las autoridades anunciaron además que se establecerán seguimientos técnicos para garantizar la implementación de los proyectos productivos y la protección comunitaria en la ZRC.

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Tras más de tres décadas sin banda marcial, los estudiantes y vecinos del corregimiento vivieron un día de fiesta: se entregaron los instrumentos que permitirán conformar de nuevo la banda del colegio, un proyecto pensado para fortalecer la identidad cultural y darle a niños y jóvenes una alternativa formativa.

El hecho fue registrado y difundido por JJ Murcia, creador digital y gestor comunitario que ha liderado labores de visibilización de iniciativas en Cajamarca y sus corregimientos. En su post en Facebook documentó el momento y recalcó el papel del concejal local en la gestión.

El concejal Sebastián Ramírez fue señalado por JJ Murcia como pieza clave: “Este logro también es resultado del compromiso y la insistencia del Concejal Sebastián Ramírez, quien creyó firmemente en esta causa y nos impulsó de manera constante para que esta gestión se hiciera realidad”, escribió el gestor en la publicación. Ramírez, que aparece vinculado en otras iniciativas locales (salud y atención rural), habría acompañado las gestiones ante instancias municipales y nacionales.

En palabras del propio JJ Murcia, el momento se vivió con orgullo comunitario: “Después de 30 años vamos a hacer entrega de los instrumentos que conformarán la banda marcial de la institución educativa Anaime y una gestión que está dirigida a nuestros jóvenes, al bienestar y a la proyección artística y cultural del corregimiento de Anaime.”. La publicación incluye además mensajes de invitación: “los invitamos a los estudiantes que se integren en la banda marcial para que saquen adelante este proyecto.”.

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Las fuertes lluvias asociadas al segundo frente frío mantienen al departamento de Córdoba en emergencia. Las autoridades locales informan que, en la zona rural y en amplias franjas del valle, más de 35.000 hectáreas están bajo las aguas; además se reportan cerca de 1.500 reses desaparecidas en los municipios más golpeados.

Según un reporte preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los efectos del fenómeno han alcanzado 104 municipios del país, de los cuales 24 están en Córdoba; la entidad calcula que hay más de 40.000 familias damnificadas en el departamento. El gobernador Erasmo Zuleta, por su parte, habló de cifras que rondan las 43.000 familias afectadas y calificó la emergencia como “sin precedentes”.

En Montería la situación urbana preocupa: hay 17 albergues habilitados y un centro de acopio, mientras la Secretaría de Infraestructura trabaja levantando jarillones en tramos claves como la troncal entre Pitolandia y El Dorado para frenar el avance del humedal de Betancí. Las autoridades han suspendido clases presenciales en sectores afectados y han reportado corte de energía en zonas de la margen izquierda del río Sinú por desconexiones preventivas.

Los daños no se limitan a viviendas: la emergencia afecta servicios de salud, vías y la actividad productiva. El cierre total de la vía Montería–Arboletes por daños en el Puente Jalisco y la pérdida de cosechas y ganado golpean la economía local; la pérdida de miles de hectáreas agrícolas y la desaparición de reses complican la recuperación económica de una región con fuerte vocación agroindustrial.

En otros municipios la situación varía: Montelíbano pasó a fase de recuperación urbana, con más de 1.758 familias afectadas en el casco urbano y más de 1.300 en la zona rural que ya avanzan en censos y labores de reparación. En contraste, localidades como Lorica y Cereté están en alerta por el aumento de caudales en caños y ríos que podrían desbordarse si persisten las lluvias.

Las llamadas a la solidaridad son constantes. El gobernador Zuleta hizo un llamado público para mantener las donaciones —alimentos no perecederos, kits de aseo y colchones— y agradeció el respaldo de entidades públicas y privadas. “Donar o recibir una colchoneta ha sido de gran ayuda. No dejemos de donar”, señaló.

La UNGRD y los organismos de socorro anunciaron que el pico de la emergencia podría prolongarse esta semana y remarcaron la necesidad de reforzar la logística humanitaria y las mesas de coordinación entre entidad nacional, gobernación, alcaldías y ONG para garantizar atención, albergue y suministro básico a las familias afectadas.

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Un ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos dejó como saldo dos personas muertas en Arauca: un integrante de la Policía Nacional y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho se registró en inmediaciones de Fortul, en la vía que conduce hacia Tame, cuando el vehículo oficial en el que se movilizaban fue interceptado y atacado con armas de fuego.

Imágenes y videos difundidos tras el atentado muestran la camioneta —una Toyota Land Cruiser Prado— con múltiples impactos de bala, llantas pinchadas y daños en vidrios y puertas. El vehículo quedó detenido a un costado de la vía con rastros del choque y del tiroteo sobre el asfalto.

Fuentes del equipo del senador confirmaron que Jairo Castellanos no se encontraba en el automotor al momento del ataque: estaba en Yopal, a la espera de ser recogido por el esquema de seguridad que resultó afectado.

Las autoridades locales y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer responsabilidades y el móvil del atentado. Mientras tanto, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona, una de las más golpeadas por la violencia armada en el oriente del país, y las autoridades pidieron colaboración ciudadana para aportar información que ayude a dar con los responsables.

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Momentos de pánico se vivieron la tarde del 4 de febrero en la sede Francia del Hospital Federico Lleras Acosta, cuando un hombre armado ingresó por la fuerza a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y sustrajo a un recién nacido, intimidando con un arma cortopunzante al personal de salud. El hecho ocurrió hacia las 2:30 p.m., según el comunicado oficial del centro hospitalario.

Funcionarios del hospital resultaron con lesiones y afectaciones psicológicas por la situación; uno de ellos sufrió un intento de agresión con arma blanca. Tras activarse los protocolos de seguridad y avisar a las autoridades, el agresor salió del centro asistencial y fue aprehendido pocas cuadras más adelante gracias a la coordinación entre el personal y la Policía Nacional.

El recién nacido fue recuperado y, según el parte médico, se encuentra en buenas condiciones generales de salud, bajo valoración y vigilancia especializada para garantizar su bienestar. La gerencia del hospital anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía por presuntos delitos que incluyen secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a misión médica y tentativa de homicidio. La institución rechazó categóricamente la violencia contra trabajadores y pacientes y reiteró su compromiso con la seguridad en sus instalaciones.

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Un fin de semana complicado vivieron los viajeros que se movilizaban entre Honda y Guaduas luego de que un vehículo particular se incendiara dentro del peaje Bicentenario, generando el cierre total de la vía y afectaciones en la infraestructura del lugar.

De acuerdo con el comandante de Bomberos de Honda, Cesar Santana, el vehículo —un Renault que venía desde Villeta— comenzó a sacar humo, lo que permitió que sus ocupantes descendieran segundos antes de que las llamas lo consumieran por completo. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó una de las cabinas de control del peaje, causando daños en el techo y la estructura metálica.

Las unidades de bomberos de Honda llegaron al sitio en pocos minutos y lograron controlar la emergencia antes de que el incendio se extendiera a otras áreas de la estación. Los refuerzos de Guaduas arribaron posteriormente, cuando la conflagración ya estaba bajo control.

Durante la atención de la emergencia, el paso por la vía fue cerrado completamente. Posteriormente, el tránsito se habilitó de manera parcial. Actualmente, solo dos carriles están en funcionamiento —uno en cada sentido— mientras se adelantan revisiones técnicas y trabajos de reparación.

El alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, confirmó que el peaje continúa operando bajo estricta vigilancia para garantizar la seguridad de los usuarios. Entre tanto, el comandante Santana llamó la atención sobre la necesidad de que las concesiones cuenten con equipos contra incendios más robustos, especialmente ante el incremento de vehículos con baterías de litio.

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La Secretaría de Tránsito de Ibagué realizó una jornada de inspección en la que se revisaron 55 vehículos del servicio público colectivo. Como resultado, cinco busetas fueron inmovilizadas por presentar fallas técnicas, mecánicas y estructurales que, según las autoridades, representan un riesgo para los usuarios y otros actores viales.

Entre las irregularidades más comunes reportadas estuvieron llantas en mal estado, pisos demasiado lisos que aumentan la posibilidad de caídas y deficiencias en la carrocería. Estas observaciones se suman a las constantes quejas ciudadanas sobre el estado del transporte público en la ciudad.

José Pineda, comandante de los Agentes de Tránsito de Ibagué, explicó que las inspecciones incluyen la revisión de elementos internos y externos de los vehículos, como sistemas de iluminación, placas reglamentarias y condiciones generales de la carrocería, entre otros aspectos relacionados con la seguridad vial. Las autoridades indicaron que los controles continuarán en distintos puntos para reducir los riesgos y mejorar la calidad del servicio.

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