El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de diálogo sociojurídico que venía adelantando con estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, luego del escándalo desatado por una fiesta al interior de la cárcel de Itagüí que terminó encendiendo todas las alarmas sobre el control en estos centros de reclusión.

La decisión se conoció tras la confirmación de una parranda vallenata dentro del penal, en la que estuvo presente el cantante Nelson Velásquez, un hecho que, según aclararon las autoridades, no contaba con ningún tipo de autorización oficial. La situación llevó a una reacción inmediata del Ministerio de Justicia y del Inpec, que iniciaron investigaciones internas para establecer responsabilidades.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció la suspensión de los acercamientos mientras se esclarecen los hechos. En paralelo, el Inpec ordenó la salida temporal del director del centro penitenciario y la suspensión de siete funcionarios que estarían involucrados en el ingreso irregular del artista y la realización del evento.

Desde el Gobierno se insistió en que lo ocurrido no hace parte de las condiciones ni de las garantías pactadas dentro del proceso de diálogo. Por eso, la delegación encargada de la llamada Paz Urbana rechazó lo sucedido y dejó claro que las conversaciones quedan en pausa hasta que haya claridad total sobre lo ocurrido.

A la par, nuevas revelaciones aumentaron la polémica. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, aseguró que la celebración habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, financiados presuntamente por cabecillas recluidos en el penal. Según la denuncia, el dinero se habría distribuido entre presentaciones musicales, licor y logística, en una jornada que se extendió durante varias horas dentro de un pabellón de máxima seguridad.

El episodio no solo provocó consecuencias administrativas inmediatas, sino que también reabrió el debate sobre quién ejerce realmente el control dentro de las cárceles del país, en un contexto donde el Gobierno intenta avanzar en estrategias de diálogo con estructuras criminales.

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Durante un operativo adelantado por las autoridades, se registró una persecución contra presuntos microtraficantes que se movilizaban en la ciudad. En medio del procedimiento, los implicados habrían arrojado más de un kilogramo de marihuana con el fin de evadir la acción policial.

El hecho se presentó mientras uniformados realizaban labores de control y seguimiento, lo que permitió detectar comportamientos sospechosos y dar inicio a la persecución. Tras la reacción de los individuos, la sustancia fue recuperada por las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables.

Las autoridades reiteraron que estos operativos hacen parte de las estrategias para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en la región, e hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en este tipo de casos.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 42 años, señalado de asesinar a su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 12 de marzo en el barrio Arboleda Campestre de Ibagué.

La decisión se tomó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos el hombre habría atacado a la víctima, de 36 años, con un arma cortopunzante, causándole heridas de gravedad que terminaron provocándole la muerte. Luego del ataque, el presunto agresor se autolesionó.

El caso fue atendido inicialmente por unidades de la Policía Nacional, que llegaron al lugar tras el llamado de vecinos del sector y lograron la captura en flagrancia del señalado responsable. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

En medio del proceso, la Fiscalía también advirtió que la víctima habría estado expuesta previamente a un entorno de violencia psicológica, lo que hace parte del contexto que rodea este caso.

El hombre permanecerá privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones y se define su situación judicial.

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En operativo conjunto, tropas del Batallón de Infantería N.17 General Domingo Caicedo, adscritas a la Sexta Brigada, y la Sijín ubicaron y destruyeron una unidad de producción minera ilegal en área rural del municipio de Chaparral. La intervención incluyó la incautación de maquinaria —motor industrial, una clasificadora metálica, manguera de succión— y 100 galones de ACPM; ese material fue valorado en cerca de $27 millones.

Según el reporte oficial, la explotación clandestina tenía capacidad para extraer alrededor de 1.000 gramos de oro mensuales, equivalentes a aproximadamente $593 millones al precio comercial señalado por las autoridades, recursos que presuntamente eran apropiados por el grupo armado ilegal identificado como Bloque Occidental Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz. La acción incluyó la destrucción controlada de la maquinaria para impedir la reactivación de la explotación.

Las autoridades subrayaron el doble daño de estas actividades: financian economías ilegales y dejan huellas ambientales profundas. En zonas intervenidas con técnicas rudimentarias y contaminantes, la recuperación del terreno puede tardar más de 10 años, dijeron los operativos. La ofensiva contra la minería ilegal en el sur del Tolima continúa en coordinación entre el Policía Nacional y el Ejército Nacional para golpear las fuentes de financiación de las estructuras armadas residuales.

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Según el reporte oficial, hombres armados ingresaron a una vivienda del sector y dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba allí. El ataque dejó a un joven de 22 años sin vida por la gravedad de las heridas.

Vecinos y testigos reaccionaron de inmediato: algunos trasladaron a los heridos por sus propios medios a centros asistenciales. Al menos dos adolescentes resultaron lesionados; uno de ellos permanece en estado crítico, según fuentes en el sitio.

Unidades de la Policía Nacional llegaron poco después para asegurar la escena, recolectar evidencias y adelantar las primeras labores de inspección judicial. Por ahora no se reportan capturas ni hay una hipótesis definitiva sobre los responsables.

Investigadores no descartan que el homicidio guarde relación con enfrentamientos por microtráfico en la zona, en donde, dicen las autoridades, hubo varias capturas por ese delito en los últimos días. Las pesquisas continuarán con toma de testimonios, revisión de cámaras y peritajes balísticos.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para aportar información que ayude a ubicar a los agresores, garantizando reserva sobre las comunicaciones. Cualquier dato se puede suministrar a la estación más cercana o a la línea de emergencia.

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La tranquilidad de Venadillo quedó conmocionada tras confirmarse que la gerente del Hospital Santa Bárbara, Dra. Martha Liliana Tamayo Reina, ha sido objeto de intimidaciones sistemáticas: seguimientos, hostigamientos y amenazas que, según la denuncia, incluso ocurrieron en el entorno de su vivienda. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación emitió una medida de protección y declaró el nivel de riesgo como GRAVE.

La investigación, a cargo de la Fiscalía 77 Local, Seccional Tolima (Ibagué), apunta a Jorge Alberto Amazo Amaya como presunto responsable de las amenazas. Según las denuncias, el señalado habría exigido a la gerente el pago de sumas correspondientes a vigencias anteriores de la administración, una situación que la propia Dra. Tamayo rechazó y que motivó la denuncia formal.

El caso fue tipificado como “amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos” (Art. 188E del Código Penal) y está siendo investigado con carácter urgente. Paralelamente, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya adelanta estudios para evaluar las medidas de protección necesarias y garantizar la integridad de la funcionaria.

La magnitud del episodio ha encendido alarmas en la región. Vecinos, personal del hospital y autoridades locales han condenado los hechos y exigido respuestas rápidas y contundentes. Desde NOTI V, como recoge la denuncia pública, se hizo un llamado para conformar una mesa de seguridad interinstitucional que incluya a la Gobernación, la Alcaldía, la Fiscalía, la Policía, la UNP y representantes del sector salud, con el fin de coordinar protección, monitoreo y acciones preventivas.

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La Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó la captura de alias “Libardo”, máximo responsable del frente Ismael Ruiz del bloque Central Isaías Pardo, tras un operativo conjunto de Ejército, Policía y Fuerza Aérea. En su cuenta de X, Matiz escribió:

Alias Libardo González, con más de 15 años de trayectoria criminal, encabezaba una red de extorsión que afectaba a comerciantes, ganaderos y habitantes de la zona, así como ataques contra estaciones policiales y puestos militares. Desde julio de 2024, la Gobernación ofrecía $100 millones de recompensa por su captura, dentro del plan de recompensas lanzado para desarticular este frente disidente.

Matiz destacó la coordinación institucional que hizo posible el golpe:

“Felicitamos y agradecemos a nuestra Fuerza Pública @COL_EJERCITO, @PoliciaColombia y @FuerzaAereaCol, por este importante resultado operacional y por su valiente y decidida contribución a la seguridad del territorio. ¡Con Seguridad Todo, Sin Seguridad Nada!”.

La aprehensión de “Libardo” refuerza la ofensiva contra las disidencias en el sur del departamento, zona históricamente golpeada por la presencia armada ilegal. Para la Gobernación, este éxito operacional reafirma el mensaje de que “el crimen no tiene cabida” en el Tolima y que la protección de los ciudadanos seguirá siendo una prioridad absoluta.

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La Corte Constitucional archivó el incidente de desacato iniciado contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras demostrar que el Gobierno cumplió con los pagos adeudados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Según la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T‑760, desde hace cuatro meses el Ministerio de Salud gestionó y vigiló el desembolso de los $819.667.000.000 correspondientes al presupuesto máximo de 2022, siguiendo el cronograma del Ministerio de Hacienda y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En su decisión, la Corte señaló que el 16 de mayo de 2025 se completó el pago de esas obligaciones, tal como lo ordenó el Auto 2049 de 2024. Con este cumplimiento, el único pendiente es el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación, debido al déficit estructural que atraviesa el sistema de salud en Colombia.

“En ese sentido, la Corte encuentra que el 16 de mayo de 2025 se completó el pago de los $819.667.000.000 adeudados a las EPS conforme a lo ordenado en el Auto 2049 de 2024″, indicó la Sala, al tiempo que desestimó las acusaciones que tildaban de incumplimiento la gestión del ministro Jaramillo.

En redes sociales, defensores del Gobierno celebraron la decisión y aplaudieron al ministro. “Excelente ministro, para adelante”, escribió un usuario, mientras que otro criticó a quienes difundieron la información falsa: “Mentirosos de las EPS y uribistas que afectan al pueblo colombiano, ¡tome pa’ que lleven!”.

Con el archivo del incidente, Jaramillo recupera su buen nombre y el foco regresa al reto de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud mediante el ajuste de la UPC y la lucha contra su desfinanciación.

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La Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación penal que se seguía contra el senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, por presuntas irregularidades en la edificación de un colegio durante su administración departamental. En su fallo, la Sala de Instrucción determinó que no existen indicios de delitos contra la administración pública ni de perjuicio al patrimonio regional.

La obra, hoy en funcionamiento y al servicio de más de 600 estudiantes, fue revisada bajo los parámetros legales y contractuales vigentes al momento de su contratación y ejecución. Pese a las dudas planteadas en su momento sobre la adjudicación y manejo de recursos, el tribunal no halló fundamento para sostener cargos.

Con esta resolución, Barreto queda exento de responsabilidad penal en este caso, despejando el camino para continuar sus actividades políticas sin restricciones judiciales. El exgobernador, una de las figuras más relevantes del Partido Conservador, retoma su carrera con la tranquilidad de haber superado este capítulo de cuestionamientos.

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La Corte Suprema de Justicia citó al senador Óscar Barreto Quiroga para un juicio oral los días 11 y 12 de junio de 2025, bajo ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. El proceso investiga posibles irregularidades en el Convenio 748 del 22 de septiembre de 2008, suscrito cuando Barreto era gobernador del Tolima, para la ejecución de obras de alcantarillado, supervisión técnica y fortalecimiento institucional con la empresa EGETSA S.A. ESP.

La Fiscalía sostiene que el contrato se hizo de manera directa, sin concurso de licitación ni acto administrativo que justificara la contratación, y con fallas graves en la planeación. Además, se indaga si parte de los recursos públicos habría sido desviado para financiar la campaña de reelección de Barreto, a través de pagos a Diego Fernando Rodríguez Chavarro, subcontratista señalado de aportar fondos a esa contienda electoral.

A Barreto Quiroga se le imputan tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía de los recursos involucrados.

En el auto de apertura, la Corte ordena valorar las pruebas sobre la ausencia de procesos de licitación y el presunto destino electoral de los fondos, así como examinar la documentación administrativa de la Gobernación del Tolima de 2008. El juicio marcará un capítulo clave en la carrera política del senador, al poner bajo escrutinio el uso de los recursos públicos durante su primer mandato.

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