La entidad abrió indagación previa por pagos sin obra y sobrecostos en un contrato de 18 485 millones de pesos de IBAL para rehabilitar redes urbanas de acueducto y alcantarillado.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra varios funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL S.A. E.S.P.) por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de reparación, reposición y mejoramiento de redes urbanas –Fase I–, valorado inicialmente en $12 606 millones y con una adición de $5 879 millones, totalizando $18 485 millones.
Según la Provincial de Instrucción de Ibagué, durante la auditoría de cumplimiento para las vigencias 2022 y 2023 se detectaron pagos de $608 millones por la construcción de muros de contención de taludes que no fueron ejecutados ni tienen soporte técnico. Asimismo, se establecieron sobrecostos de $189 millones al facturar el transporte de materiales desde una cantera más lejana que la efectivamente usada.
Otro hallazgo grave fue la utilización de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) —destinados exclusivamente a acueducto y alcantarillado— para financiar trabajos de pavimentación, lo que podría constituir un detrimento patrimonial y una falta disciplinaria.
La Procuraduría continuará con las actuaciones para determinar responsabilidades y definir si se configuran faltas disciplinarias o penales por parte de los servidores públicos vinculados al proceso contractual. De confirmarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones administrativas, inhabilidades y eventuales denuncias penales.
