La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó un primer reporte oficial sobre las consecuencias de los fuertes movimientos telúricos registrados en el país. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, al menos 32 personas perdieron la vida y 709 resultaron heridas como consecuencia de la emergencia.

Según el balance preliminar, el estado de La Guaira concentra los mayores impactos ocasionados por los sismos. Debido a la magnitud de las afectaciones reportadas, las autoridades declararon esta zona como área de desastre y priorizaron allí las acciones de respuesta.

Los organismos de socorro, equipos médicos y personal especializado permanecen desplegados en las regiones afectadas para brindar asistencia a la población, atender a los lesionados y determinar el alcance de los daños en infraestructura y viviendas.

Las autoridades también informaron que continúan recopilando datos sobre posibles desaparecidos y nuevas afectaciones. Por esta razón, las cifras entregadas hasta el momento son preliminares y podrían modificarse a medida que avancen las inspecciones y los trabajos de búsqueda en distintas zonas del país.

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Autoridades del país aseguran que los ataques de Israel han dejado más de 50 mil viviendas destruidas o dañadas en poco más de un mes, en una ofensiva que golpeó con fuerza el sur del territorio.

El balance es contundente: cerca de 18 mil viviendas completamente arrasadas y más de 32 mil con daños, en apenas 45 días de operaciones militares, entre marzo y abril. En varias zonas, especialmente en la franja fronteriza, se reporta demolición directa de casas, lo que hoy impide el regreso de cientos de familias.

Pero el impacto no es solo material. En los últimos ataques, autoridades libanesas reportaron la muerte de al menos siete civiles y cuatro paramédicos, además de más de 30 personas heridas. Según la información oficial, las ambulancias que acudieron a atender a los primeros afectados también fueron blanco de bombardeos, dejando claro el nivel de riesgo incluso para misiones humanitarias.

A pesar de la entrada en vigor de una tregua, los reportes indican que los daños no se detuvieron completamente. En los primeros días del cese al fuego, cientos de viviendas adicionales habrían sido destruidas, lo que ha generado cuestionamientos sobre su cumplimiento real.

En este contexto, el gobierno de Líbano buscará extender la tregua por al menos un mes más en conversaciones con Israel en Washington, mientras intenta contener una crisis que ya dejó una huella profunda en infraestructura y población civil.

Lo que queda es un panorama difícil de ocultar, un país empeñado en continuar con una agenda militar fuera del proposito inicial sin control por parte de organismos internacionales, y por otro lado un país que sufre las consecuencias colaterales de una guerra que no buscó

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Las declaraciones de Donald Trump contra el Papa León XIV volvieron a encender la polémica, esta vez por el tono y la forma en la que respondió a los llamados del pontífice sobre Irán y Venezuela.

Todo arrancó luego de que el Papa cuestionara la posibilidad de escalar conflictos y pidiera prudencia frente a escenarios como Medio Oriente y la situación venezolana. Pero la reacción de Trump fue directa y sin filtro. “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un Papa que crea que está mal que América ataque a Venezuela”, escribió en su red social.

A eso le sumó calificativos fuertes, asegurando que el pontífice “es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, en una postura que deja ver más un choque personal que un debate de fondo. También insistió en su discurso sobre Venezuela, afirmando que desde ese país se envían criminales y drogas a Estados Unidos, una línea que ha repetido en varias ocasiones.

El mensaje no se quedó ahí. Trump incluso llevó la discusión a un plano personal, diciendo que le cae mejor el hermano del Papa por ser cercano a su movimiento político, y sugiriendo que la elección del pontífice estuvo influenciada por su propia presidencia.

Más allá de las frases, lo que queda es un nuevo episodio en el que Trump responde a una postura internacional con ataques directos, sin entrar realmente a discutir los temas de fondo que estaban sobre la mesa.

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El gobierno del presidente José Antonio Kast puso en marcha la construcción de barreras físicas en la frontera entre Chile y Perú, una medida que ha generado controversia tanto a nivel regional como internacional por su enfoque frente a la migración.

Las obras, que se concentran en la zona de Arica, hacen parte del llamado “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que incluye zanjas, muros, cercos y vigilancia militar en puntos considerados críticos para el ingreso irregular de migrantes.

Según ha explicado el propio mandatario, la iniciativa busca cerrar rutas utilizadas en los últimos años por miles de personas. “Hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular”, afirmó durante la supervisión del inicio de los trabajos.

El despliegue contempla maquinaria pesada, presencia de las Fuerzas Armadas y la instalación de infraestructura para reforzar el control en pasos fronterizos como Chacalluta, entre Arica y Tacna.

La medida responde a un endurecimiento de la política migratoria del nuevo gobierno, que ha planteado reducir drásticamente el ingreso irregular al país y reforzar la seguridad en la zona norte, en medio de un aumento de flujos migratorios en los últimos años.

Sin embargo, la decisión ha encendido alertas. Desde Perú, autoridades han advertido que tomarán medidas si la intervención afecta la seguridad o dinámica fronteriza, mientras organizaciones sociales han cuestionado el impacto que podría tener sobre los derechos de las personas migrantes.

El proyecto también ha sido comparado con políticas migratorias implementadas en otros países, por su enfoque basado en barreras físicas y control territorial.

En paralelo, el gobierno de Kast enfrenta críticas internas por otras decisiones adoptadas en sus primeros días, como la reversión de medidas ambientales y gestos simbólicos que han sido interpretados por la poblacion chilena como cercanos a posturas de la dictadura de Augusto Pinochet.

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Una grave denuncia encendió las alarmas en Ecuador tras un informe de la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, que señala que militares habrían realizado bombardeos en zonas habitadas por población civil entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, en medio de una operación denominada “Exterminio Total”.

Según el documento, las acciones no solo incluyeron el uso de explosivos, sino también la destrucción de viviendas, infraestructura productiva y bienes de trabajo en la localidad de San Martín, en el norte del país, cerca de la frontera con Colombia. Además, se denuncian detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura contra campesinos.

De acuerdo con los testimonios recogidos, varias personas habrían sido golpeadas, sometidas a descargas eléctricas y amenazadas de muerte luego de ser retenidas por uniformados sin ser puestas a disposición de autoridades judiciales.

A estas denuncias se suma una investigación del diario The New York Times, que pone en entredicho la versión oficial del operativo. Según el reportaje, el lugar que habría sido atacado no correspondería a un campamento de narcotráfico, como sostienen autoridades de Ecuador y Estados Unidos, sino a una finca dedicada a la ganadería y producción de lácteos.

El informe periodístico, basado en entrevistas con habitantes y trabajadores de la zona, recoge además la versión del propietario del predio, quien negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y aseguró que el terreno tenía un uso exclusivamente productivo.

Tanto la ONG como la investigación coinciden en que antes del bombardeo se habrían presentado acciones militares en tierra. Habitantes relataron la llegada de helicópteros, interrogatorios, incendios de estructuras y agresiones físicas contra civiles, lo que sugiere un patrón de intervención previo al ataque aéreo.

Las denuncias también incluyen disparos en cercanías de la población y amenazas contra líderes comunitarios que intentaron verificar lo ocurrido, lo que ha incrementado la preocupación en la zona.

Frente a estos hechos, la organización de derechos humanos advirtió que podrían configurarse violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente por el impacto sobre población civil. Recordó que incluso en operaciones contra el crimen organizado, los Estados deben respetar principios como la distinción, proporcionalidad y precaución.

Asimismo, insistió en que la tortura está prohibida bajo cualquier circunstancia y pidió la apertura de investigaciones independientes que permitan esclarecer lo sucedido.

Finalmente, la ONG hizo un llamado a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para que acompañen el caso y hagan seguimiento a la situación en la frontera norte del país.

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Un tribunal en Los Ángeles emitió un fallo sin precedentes al responsabilizar a Meta y Google por los efectos que sus plataformas habrían tenido en la salud mental de una joven que empezó a usarlas desde la infancia. La decisión judicial ordena una compensación de 6 millones de dólares, tras concluir que las empresas actuaron con conductas reprochables en el diseño y funcionamiento de sus servicios.

El jurado determinó que las plataformas, entre ellas Instagram y YouTube, fueron construidas con características que fomentan el uso excesivo, lo que terminó impactando negativamente a la demandante, identificada como Kaley. Según el veredicto, Meta asumirá el 70 % de la indemnización, mientras que Google deberá responder por el 30 % restante.

Durante el juicio, que se extendió por cinco semanas, los abogados de la joven sostuvieron que estas aplicaciones operaban como “máquinas de adicción”, diseñadas para captar la atención de usuarios cada vez más jóvenes y mantenerlos conectados por largos periodos. En el proceso, se expusieron funciones como el desplazamiento infinito de contenido, señaladas como mecanismos que incentivan el consumo continuo.

La demandante relató que comenzó a usar plataformas digitales desde muy temprana edad —YouTube a los 6 años e Instagram a los 9— sin que existieran controles efectivos para limitar su acceso. También aseguró que el uso intensivo derivó en problemas como ansiedad, depresión y trastornos relacionados con la percepción de su imagen corporal.

Desde las compañías, las reacciones no se hicieron esperar. Meta defendió su postura señalando que la salud mental de los adolescentes responde a múltiples factores y no puede atribuirse a una sola aplicación. Por su parte, Google argumentó que YouTube no debe considerarse una red social en los mismos términos y anunció que también apelará la decisión.

En medio del proceso, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, compareció ante el jurado y reiteró que la empresa mantiene políticas para restringir el acceso a menores de 13 años, aunque reconoció dificultades históricas para aplicar esos controles de forma efectiva.

El fallo se da en un contexto de creciente presión global sobre las plataformas digitales. Expertos consideran que decisiones como esta podrían abrir la puerta a cientos de demandas similares en Estados Unidos y acelerar regulaciones en otros países, donde ya se discuten restricciones al uso de redes sociales por parte de menores de edad.

Para analistas del sector, este caso marca un punto de quiebre en la relación entre las grandes tecnológicas y los usuarios, especialmente en lo relacionado con la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

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Según fuentes oficiales, el operativo se desarrolló en una zona montañosa de Tapalpa, en el estado de Jalisco, y terminó con la muerte del cabecilla criminal durante su traslado. La acción contó, de acuerdo con los reportes, con apoyo de inteligencia internacional. El hecho representa, dicen analistas y gobiernos, uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en años.

Reacción violenta y alcance
Al conocerse la noticia, células del cártel respondieron con violencia en varias entidades: cientos de bloqueos, vehículos incendiados y ataques a instalaciones públicas y privadas. Las mayores perturbaciones se concentraron en la costa oeste y en estados colindantes, con reportes de cortes en carreteras federales y locales que afectaron el tránsito y generaron pánico en zonas urbanas. Las autoridades trabajan para desactivar los bloqueos y normalizar la movilidad.

QUEMAN BANCO DEL BIENESTAR

La violencia que comenzó en la sierra de Tapalpa, Jalisco, se extendió con furia hacia Guanajuato. En municipios como León, Irapuato, Silao, Moroleón, Purísima del Rincón y la capital, las calles se convirtieron en escenario de terror: tiendas Oxxo y… pic.twitter.com/w70ydRl41L

— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) February 22, 2026

Balance inicial y víctimas
Los conteos preliminares varían según las fuentes: entre muertos y detenidos hay cifras en flujo —algunos informes hablan de decenas de arrestos y varias víctimas en los enfrentamientos— mientras que las fuerzas de seguridad detallan bajas entre miembros del cártel y heridos entre militares y civiles en distintos incidentes. Las cifras oficiales continúan actualizándose conforme avanzan las operaciones.

Impacto en la vida pública y avisos internacionales
Por seguridad, autoridades locales suspendieron clases en algunas regiones y se registraron cancelaciones y restricciones en aeropuertos de sitios turísticos. Gobiernos extranjeros emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en varios estados; aerolíneas también anunciaron suspensiones temporales de vuelos hacia destinos afectados.

Respuesta política y mensaje oficial
La presidenta pidió calma y garantizó que las instituciones actuarán con firmeza para proteger a la población y restaurar la normalidad. Desde la Casa Blanca y otros gobiernos aliados hubo felicitaciones a las fuerzas mexicanas por la operación, mientras que organismos internacionales llamaron a evitar escaladas que pongan en riesgo a civiles.

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Las delegaciones de Colombia y Ecuador se sentaron este 6 de febrero en la capital ecuatoriana con el objetivo explícito de bajar la tensión diplomática y fijar mecanismos de trabajo conjunto en áreas sensibles para ambos países.

Según informó la Cancillería de Ecuador, las conversaciones se centraron en cuatro ejes principales: seguridad y control fronterizo, lucha contra el crimen organizado transnacional, cooperación energética y facilitar el comercio bilateral. Las partes acordaron coordinar acciones operativas y de inteligencia para reforzar el control en pasos fronterizos y combatir las redes que trafican drogas y armas en la región.

En materia energética las delegaciones revisaron el estado de la cooperación existente y establecieron mesas técnicas para avanzar en proyectos conjuntos y mecanismos de intercambio de información. Asimismo, se abrieron canales para mejorar la colaboración judicial, con el fin de agilizar investigaciones y procesos que involucren a actores transnacionales.

Los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro subrayaron la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación. En palabras oficiales, se comprometieron a “abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”.

La decisión de sentarse a negociar surgió en un contexto de tensiones recientes entre Bogotá y Quito; con los acuerdos de hoy ambas administraciones buscan evitar que esas diferencias escalen y, en cambio, convertir la frontera en un espacio de cooperación efectiva. Las delegaciones anunciaron además que se programarán reuniones técnicas y de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos y coordinar la implementación de las medidas pactadas.

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El presidente Gustavo Petro sostuvo este martes un encuentro privado de más de dos horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. La reunión que se realizó a puerta cerrada y sin el protocolo habitual para visitas de Estado, fue calificada por Petro como un “9” de 1 a 10 respecto a sus expectativas y por Trump como “muy productiva”.

Durante la cita, los mandatarios conversaron sobre la lucha contra el narcotráfico, la situación en Venezuela y posibilidades de cooperación energética, entre otros temas regionales. Fuentes diplomáticas y la prensa señalan que Petro expuso avances y propuestas en materia de lucha antidroga y presentó una lista de objetivos para cooperación, mientras que ambos gobiernos acordaron mantener el diálogo.

El intercambio público tras la reunión mostró gestos de reconciliación. Trump le dijo a Petro: “Gustavo, un gran honor. Amo a Colombia”, y le entregó una copia autografiada de su libro; Petro, por su parte, publicó en redes parte de la dedicatoria y declaró que el encuentro abrió “caminos” entre ambos países. En la sala también hubo momentos de cordialidad visibles en las imágenes compartidas por las oficinas presidenciales.

La visita y la conversación se producen en un contexto de fuertes tensiones previas entre ambos líderes —incluidas sanciones y acusaciones mutuas— por lo que este encuentro supone, al menos por ahora, un intento de recomponer la agenda bilateral. Analistas consultados advierten que, pese al tono afable, las decisiones concretas sobre sanciones o descertificaciones requieren pasos formales y tiempo para traducirse en políticas públicas.

La Casa Blanca y la Presidencia de Colombia informaron que mantendrán canales de trabajo sobre los temas abordados; mientras tanto, el acto fue leído como una señal de disposición al diálogo por parte de ambas administraciones, aunque observadores llaman a la prudencia sobre los resultados concretos a corto plazo.

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Los más recientes paquetes de documentos del caso Jeffrey Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen material que vuelve a vincular a la colaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, con un viaje a Colombia acompañado por figuras internacionales. Entre los registros hay correos electrónicos, transcripciones de entrevistas con el DOJ y fotografías que están siendo analizadas por periodistas y autoridades.

En uno de los correos citados en los archivos, Maxwell afirma tener una fotografía con “el presidente de Colombia”, y en las transcripciones declara haber volado un helicóptero Blackhawk durante su visita al país. En ese relato, según los documentos, Maxwell describió maniobras aéreas sobre la región amazónica, el episodio de ver a “terroristas corriendo” al que pudo apuntar, y la entrega de recuerdos como un casco personalizado y “dos balas reales”. Estas afirmaciones aparecen textualmente en las entrevistas y correos que forman parte del conjunto de documentos publicados.

La imagen difundida en los archivos muestra a Maxwell y al expresidente Andrés Pastrana vestidos con uniformes de vuelo, lo que generó reacciones públicas y políticas en Colombia por la naturaleza de la foto y por el hecho de que Maxwell fue condenada en 2021 por delitos sexuales relacionados con menores. Varios medios locales e internacionales han recogido las imágenes y los pasajes de las entrevistas, lo que reavivó el debate sobre las relaciones sociales y de viaje de Epstein y su entorno.

Los documentos liberados forman parte de una entrega masiva ordenada por una ley del Congreso de Estados Unidos que busca transparencia sobre las evidencias no clasificadas del caso Epstein. El repositorio oficial seguirá actualizándose en las próximas semanas y los organismos estadounidenses anunciaron que harán públicas nuevas tandas, además de un listado de personas políticamente expuestas mencionadas en los papeles una vez terminen las revisiones legales pertinentes. Mientras tanto, periodistas y analistas siguen cotejando mensajes, fotos y testimonios para establecer contexto y confirmar fechas y participantes.

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