El caso de Zulma Guzmán sigue escalando en gravedad. En medio del proceso para lograr su extradición, las autoridades colombianas abrieron nuevas líneas de investigación tras detectar otros envíos de alimentos que habrían sido contaminados con talio y dirigidos a más posibles víctimas.

La alerta surge mientras el Ministerio de Justicia refuerza las gestiones diplomáticas para acelerar su regreso al país. El jefe de esa cartera, Jorge Iván Cuervo, pidió a la Cancillería elevar ante el Gobierno británico la prioridad del caso, argumentando la necesidad de evitar dilaciones que afecten el proceso judicial.

“Se solicita comunicar al Gobierno del Reino Unido la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”, señaló el ministro.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación avanza en el análisis de nuevas evidencias que apuntan a una posible ampliación del número de víctimas. Según revelaciones conocidas recientemente, se habrían identificado al menos tres envíos adicionales dirigidos a dos mujeres, entre ellas una familiar cercana de la investigada.

Los elementos recolectados indican que los alimentos habrían sido enviados a través de plataformas, repitiendo un patrón similar al que se investiga en el caso inicial. Este detalle ha llevado a los investigadores a evaluar si se trata de una conducta sistemática.

Además, en el expediente ya se habla de la posible participación de otra persona que habría colaborado en la planeación de los envíos, lo que abre una nueva arista dentro del proceso penal.

Desde el Ministerio de Justicia también se insiste en la necesidad de que Guzmán comparezca ante las autoridades colombianas. En la misma comunicación oficial, se advierte que su presencia en el país “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, dada la gravedad de los hechos que involucran la muerte de dos menores en Bogotá.

Entre tanto, voceros de la cartera han reiterado que se busca “evitando a toda costa que haya impunidad”, aunque reconocen que la decisión final sobre la extradición depende de las autoridades del Reino Unido.

Mientras avanza el proceso, el caso sigue generando preocupación por la posibilidad de que existan más víctimas y por el alcance que podría tener este tipo de hechos en el país.

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La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima informó que ya fue radicada una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, luego de las declaraciones públicas del diputado Juan Guillermo Beltrán, del partido Cambio Radical, en las que mencionó un presunto respaldo de la gobernadora Adriana Magali Matiz a la candidatura a la Cámara de Representantes de Guillermo Alvira.

El pronunciamiento se conoció después de la difusión de un video en el que el asambleísta hacía referencia al supuesto apoyo político. En entrevista con Caracol Radio, el director de la MOE Tolima, Cristian Martínez, confirmó que uno de los aspirantes decidió acudir a las instancias disciplinarias para que se evalúen los hechos.

Martínez recordó que la Constitución establece restricciones claras frente a la participación en política de los servidores públicos. Según indicó, en el ambiente electoral se han escuchado versiones sobre respaldos de mandatarios a determinadas candidaturas, situación que genera cuestionamientos ciudadanos.

El vocero de la organización añadió que estas conductas no solo se atribuyen a gobernadores, sino también a alcaldes y otros funcionarios. “Desde los docentes de base hasta los grandes ordenadores del gasto tienen prohibido participar en política”, puntualizó, al insistir en que las reglas aplican a todos los niveles de la administración pública.

El caso ahora queda en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria.

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A pocos días de la jornada electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) volvió a manifestar su preocupación ante la falta de un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Garantías Electorales frente a las alertas relacionadas con el censo electoral en el Tolima.

Según explicó la organización, el llamado se sustenta en un análisis técnico desarrollado en conjunto con el Programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima. El estudio calculó las tasas de inscripción de cédulas por cada 1.000 habitantes, con el fin de comparar de manera proporcional los 47 municipios del departamento.

En la revisión, que tomó como referencia los cortes del 8 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, se identificó que 13 municipios presentan tasas superiores al promedio nacional, establecido en 38,85. Entre los casos con mayores indicadores figuran Ataco, Chaparral, Suárez y Planadas, algunos de ellos ubicados en Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

La MOE aclaró que el estudio tiene un carácter estrictamente estadístico y busca señalar comportamientos atípicos en la dinámica del censo, sin emitir juicios anticipados. Asimismo, confirmó que presentó ante el CNE una denuncia con información puntual de ciudadanos, la cual ya está en manos de esa entidad para su eventual verificación.

No obstante, la organización advirtió que la ausencia de una decisión o anuncio oficial a escasos días de las elecciones incrementa la preocupación sobre las garantías de transparencia y la confianza en el proceso democrático en el departamento.

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Según el reporte oficial, hombres armados ingresaron a una vivienda del sector y dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraba allí. El ataque dejó a un joven de 22 años sin vida por la gravedad de las heridas.

Vecinos y testigos reaccionaron de inmediato: algunos trasladaron a los heridos por sus propios medios a centros asistenciales. Al menos dos adolescentes resultaron lesionados; uno de ellos permanece en estado crítico, según fuentes en el sitio.

Unidades de la Policía Nacional llegaron poco después para asegurar la escena, recolectar evidencias y adelantar las primeras labores de inspección judicial. Por ahora no se reportan capturas ni hay una hipótesis definitiva sobre los responsables.

Investigadores no descartan que el homicidio guarde relación con enfrentamientos por microtráfico en la zona, en donde, dicen las autoridades, hubo varias capturas por ese delito en los últimos días. Las pesquisas continuarán con toma de testimonios, revisión de cámaras y peritajes balísticos.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para aportar información que ayude a ubicar a los agresores, garantizando reserva sobre las comunicaciones. Cualquier dato se puede suministrar a la estación más cercana o a la línea de emergencia.

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La Misión de Observación Electoral en el Tolima —la organización que vigila el cumplimiento de las reglas electorales en la región— presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Regional del Tolima tras la difusión de videos y publicaciones que muestran al precandidato en el interior del conservatorio y en el Salón Alberto Castilla. La solicitud de la MOE busca que la Procuraduría verifique si hubo alguna participación indebida en política por parte de directivos de la institución.

Según Cristian Martínez, coordinador de la MOE en el departamento, “Una vez conocimos los hechos a través de las redes sociales en tempranas horas, transmitimos directamente una solicitud de investigación a la Procuraduría del Tolima”. La petición se apoya en registros públicos y en la preocupación de la comunidad estudiantil y cultural por el uso de un escenario público en plena campaña electoral.

El rector del Conservatorio, James Enrique Fernández Córdoba, dijo a medios que la visita no tuvo connotación política y la describió como un encuentro para mostrar un “sitio emblemático” de la ciudad: “Me manifestaron que el ciudadano Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia, tenía unos actos públicos en horas de la tarde en la ciudad de Ibagué, pero que llegaba temprano y querían mostrarle un sitio emblemático de la ciudad, que, si podía mostrarles el Conservatorio”, explicó en entrevista. Esa explicación no apaciguó las críticas de estudiantes y algunos actores culturales.

Estudiantes y músicos hicieron notar la tensión: varios reclamaron que el acceso a espacios del Conservatorio suele ser restringido para la comunidad y cuestionaron que se haya permitido el ingreso del precandidato y el uso de instrumentos y escenarios institucionales en un contexto preelectoral. La MOE, además, señaló que corresponderá a la Procuraduría “verificar si aquí se pudo haber transgredido la norma o si es normal la visita de un candidato presidencial a instituciones públicas donde usualmente está restringido el acceso de ciudadanos”.

La polémica suma voces y exige claridad: la Procuraduría Regional tendrá ahora el papel de determinar si hubo falta disciplinaria del rector o si el hecho se ajusta a la normatividad sobre uso de bienes del Estado en campaña. Mientras tanto, la discusión sobre los límites entre la promoción cultural y la actividad proselitista sigue abierta en Ibagué.

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Fuentes policiales señalaron que el cuerpo, aún sin identificar, correspondería a un hombre de contextura delgada y piel blanca. Vestía pantalón negro —sujetado con una cuerda usada como cinturón— y un suéter azul de manga corta; por el estado del cadáver se presume que pudo haber permanecido varios días en el agua.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de inspección técnica. El cuerpo fue trasladado al Medicina Legal en la ciudad de Girardot para los procedimientos de identificación y necropsia.

Las autoridades investigan las circunstancias del hallazgo y pidieron a la comunidad que, si reconoce las características descritas o tiene información útil, se comunique con la estación policial más cercana para ayudar en la identificación y en la notificación a familiares.

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Los más recientes paquetes de documentos del caso Jeffrey Epstein, publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyen material que vuelve a vincular a la colaboradora de Epstein, Ghislaine Maxwell, con un viaje a Colombia acompañado por figuras internacionales. Entre los registros hay correos electrónicos, transcripciones de entrevistas con el DOJ y fotografías que están siendo analizadas por periodistas y autoridades.

En uno de los correos citados en los archivos, Maxwell afirma tener una fotografía con “el presidente de Colombia”, y en las transcripciones declara haber volado un helicóptero Blackhawk durante su visita al país. En ese relato, según los documentos, Maxwell describió maniobras aéreas sobre la región amazónica, el episodio de ver a “terroristas corriendo” al que pudo apuntar, y la entrega de recuerdos como un casco personalizado y “dos balas reales”. Estas afirmaciones aparecen textualmente en las entrevistas y correos que forman parte del conjunto de documentos publicados.

La imagen difundida en los archivos muestra a Maxwell y al expresidente Andrés Pastrana vestidos con uniformes de vuelo, lo que generó reacciones públicas y políticas en Colombia por la naturaleza de la foto y por el hecho de que Maxwell fue condenada en 2021 por delitos sexuales relacionados con menores. Varios medios locales e internacionales han recogido las imágenes y los pasajes de las entrevistas, lo que reavivó el debate sobre las relaciones sociales y de viaje de Epstein y su entorno.

Los documentos liberados forman parte de una entrega masiva ordenada por una ley del Congreso de Estados Unidos que busca transparencia sobre las evidencias no clasificadas del caso Epstein. El repositorio oficial seguirá actualizándose en las próximas semanas y los organismos estadounidenses anunciaron que harán públicas nuevas tandas, además de un listado de personas políticamente expuestas mencionadas en los papeles una vez terminen las revisiones legales pertinentes. Mientras tanto, periodistas y analistas siguen cotejando mensajes, fotos y testimonios para establecer contexto y confirmar fechas y participantes.

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Una emergencia aérea tiene en alerta a autoridades y familiares tras perderse el contacto con una aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. Se trata de un Beechcraft 1900 matrícula HK-4709 que despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:40 a. m. y, cuando se aproximaba a Aguas Claras en Ocaña, dejó de transmitir su señal. A bordo iban 15 personas: 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. La Fuerza Aérea Colombiana envió un helicóptero desde la base de Palanquero y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico coordina las operaciones con autoridades locales, organismos de socorro y el concesionario aeroportuario. Las labores de rastreo se concentran en una zona montañosa del Catatumbo, entre Hacarí y La Playa de Belén, áreas de difícil acceso que complican la localización. Familiares esperan información oficial mientras continúan las búsquedas aéreas y terrestres; por ahora no hay confirmación sobre el paradero de la nave ni el estado de las personas que viajaban en ella.

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por posibles fallas en la planeación y ejecución del contrato para la construcción de la plaza de mercado de Alvarado, una obra financiada con recursos del Fondo de Inversión para la Paz —Prosperidad Social— que aún permanece inconclusa. La indagación responde a una alerta del Consorcio Interprosperidad, que señaló riesgo de pérdida de dineros públicos y falta de funcionalidad del proyecto.

La investigación alcanza a exalcaldes y funcionarios vinculados a la etapa de planeación: los exmandatarios Julián Ramírez (2024–2025) y Henry Herrera Viña (2020–2023), así como al actual secretario de Planeación Johan Oyuela Herrada y a los exsecretarios Henry Vincos Pinzón (2020–2023) y Jorge Eliécer Sierra Alarcón (2023–2024). La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas documentales, técnicas y periciales para establecer si hubo omisiones o decisiones que configuren faltas disciplinarias.

El proceso busca determinar responsabilidades administrativas por el uso de recursos públicos y esclarecer por qué la obra no alcanzó la funcionalidad prevista, pese al financiamiento recibido.

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La Defensoría del Pueblo confirmó que seis niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados murieron durante una operación militar del pasado 10 de noviembre en zona rural del Guaviare, cuando las Fuerzas Militares atacaron posiciones de las disidencias del grupo conocido como ‘Iván Mordisco’. En la acción, que incluyó un bombardeo de gran escala, las autoridades recuperaron 19 cuerpos en el área de operaciones; además de los seis menores fallecidos, otros cuatro cuerpos siguen sin identificar.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió recordar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites claros incluso en combate y que la mera presencia forzada de menores no autoriza automáticamente un ataque: las tropas deben adoptar “todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes” y respetar principios de humanidad, necesidad militar limitada y el interés superior de la niñez. Marín sostuvo que “ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y advirtió sobre la obligación de extremar medidas para proteger a estas víctimas del reclutamiento forzado.

El bombardeo, dirigido contra el frente que lidera alias Pescado, fue presentado por el Ejército como una acción contra esa estructura. Desde el gobierno se argumentó que la operación buscaba neutralizar una columna de hasta 150 combatientes que, según el informe oficial, avanzaba por la selva y podía emboscar unidades de soldados que operaban a pocos kilómetros. El reporte militar ubicó el saldo final en 19 fallecidos en la zona.

La reacción pública fue inmediata y dividida. La Defensoría y organizaciones de derechos humanos reclamaron explicaciones sobre el uso de la fuerza y el respeto al DIH; congresistas y defensores de derechos señalaron la necesidad de investigar las circunstancias que llevaron a la muerte de menores reclutados. Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro rechazó la muerte de los niños, pero defendió la operación y explicó en su cuenta de X su lectura de riesgo:

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejó avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”.

En la misma línea, el mandatario dijo que la decisión del bombardeo la tomó “a riesgo” y con la intención de salvar vidas, subrayando la dificultad de recuperar territorio sin asumir decisiones militares.

Los críticos recordaron que, en otros momentos, el propio presidente había condenado bombardeos a campamentos con presencia de menores durante administraciones anteriores; por ello, la operación reabrió el debate sobre coherencia política y límites en el uso de la fuerza cuando hay riesgo de víctimas infantiles. Otros observadores insistieron en que la fecha muestra, una vez más, la persistencia del reclutamiento forzado por parte de disidencias y la urgencia de reforzar mecanismos de prevención, protección y desescalamiento en el conflicto armado.

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